El Gobierno aprueba hoy su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible. Este plan, que anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, en un acto electoral en Valencia, forma parte del compromiso del Ejecutivo de alcanzar hasta 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible.
Unidas Podemos lleva demandando al PSOE desde el principio de la legislatura que todas las viviendas de Sareb se incluyan en un parque público de alquiler y, aunque intentó negociarlo dentro de la ley de vivienda los socialistas nunca lo aceptaron. Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que el plan «responde perfectamente» a su reclamación. Por su parte, los socialistas siempre han apostado por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.
Ahora, con este plan, el presidente del Gobierno apunta a un doble objetivo. Por un lado, da salida y busca rentabilidad a activos del llamado popularmente como «banco malo» y por otro, toma las riendas del discurso sobre la vivienda en plena precampaña electoral.
Las cifras son ambiciosas, pero el camino es largo. De esas 50.000 propiedades, el Gobierno las ha dividido en varios grupos. Habría 21.000 propiedades, de las cuales, 9.000 estarían listas para entrar a vivir. Mientras que otras 11.900 estarían aún en proceso de construcción y adecuación.
También hay 14.000 viviendas ya ocupadas. El objetivo del Ejecutivo para este grupo, según desveló este lunes la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en ‘Al Rojo Vivo’, pasaría por «por regularizar la situación de personas que se encontraban en esas viviendas», para «acordar con ellos viviendas de alquiler social».
Sareb firma un alquiler social con personas en situación de vulnerabilidad que habitan esas viviendas, siempre que se comprometan a participar en un programa de acompañamiento socio laboral para superar la situación de exclusión.
De esas 14.000 viviendas habitadas, en este momento, hay 9.000 con indicios de vulnerabilidad en estudio para firmar un alquiler social. De ellas, ya se han aprobado 2.000 alquileres sociales. Además, según la ministra, la Sareb cuenta con «suelos que hay que desarrollar». Su intención es «que se puedan destinar también a viviendas de alquiler social» en el futuro.
Dentro de este grupo, el organismo tiene a disposición 112 suelos, que darían, según cálculos de la entidad, para construir 15.000 viviendas por fases. La mayor parte de estos solares se distribuyen entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura. laSexta ha podido saber que la Sareb tiene intención de poner en marcha proyectos al suroeste de Valladolid y en las afueras de Ávila, para este plan.
La ubicación de las viviendas, una de las claves
La Sareb apenas cuenta con 2.230 propiedades en ciudades como Madrid, Valencia, o Barcelona, donde según los últimos datos, los precios del alquiler han subido más en los últimos años. Concretamente, un 10,4%, un 18,4% y un 19,1% desde marzo de 2022, respectivamente.
Ese es precisamente uno de los principales problemas de la medida. La mayoría de activos de la Sareb se localizan fuera de las capitales de provincia: el 85%. Solo el 15% de las viviendas están en las grandes ciudades, las de mayor demanda.
Diferencias dentro de la misma provincia pero sobre todo y muy acentuadas entre comunidades autónomas. ¿Cuáles son las que más propiedades de la Sareb tienen? Cataluña y la Comunidad Valenciana. Solo estos dos territorios concentran la mitad, el 48%. Tras estas dos autonomías, con 13.000 y casi 9.000 propiedades respectivamente, Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia y Aragón. Por ese orden y cifras entre 1.000 y 5.000 viviendas. Por debajo del millar, Cantabria, Canarias, La Rioja, Extremadura, Baleares y Asturias. Pero es que el País Vasco o Navarra apenas rondan el medio centenar.
Si nos fijamos por ciudades el problema surge cuando las dos grandes urbes, Madrid y Barcelona, concentran menos de una tercera parte de todo el parque de viviendas del banco malo. Si se comparan teniendo en cuenta el número de habitantes, son ciudades más pequeñas, sin ser las más tensionadas, las que mejor paradas salen con esta medida: Girona, Ávila y Murcia.
Sin embargo, las cifras son casi ridículas en las zonas donde precisamente el alquiler se ha convertido en un problema: Madrid tiene 36 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes, 47 Barcelona, 35 Valencia y algo más de 20 Palma o Las Palmas. Málaga, donde más ha subido el precio del alquiler en los últimos meses no llega ni a la veintena.
Críticas del PP y propuesta de Feijóo
Las comunidades del PP se han posicionado en contra de la ley de Vivienda. Como mínimo, 21 millones de españoles se quedarán sin el futuro tope de los precios del alquiler. Al igual que Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también quiere más pisos. Pero la solución que ha propuesto es muy diferente: recuperar la pasión por el ladrillo. Construir más vivienda. Sostiene el PP que así subirá la oferta y bajarán los precios. Una fórmula que coincide con la que mantenía Aznar en 2003.
España vivió un boom inmobiliario que empezó a gestarse a finales de los 90 y que alcanzó su punto cumbre en 2007. Cada año se construía más y más. 600.000 casas de media anual. En 2006 se batió el récord del ladrillo: se levantaron 760.000 viviendas. En 2021, por el contrario, se construyeron solo 100.000.
¿Se lograron entonces controlar los precios a base de aumentar la oferta? Al contrario. Siguieron creciendo de forma imparable. El paro estaba en mínimos, la demanda era fuerte y el crédito fluía. Eran los tiempos en los que el banco animaba a pedir el 110% de hipoteca para amueblar un piso o comprar un coche.
Pese a todo, el precio del metro cuadrado desde 1999 hasta el año pasado subió. Primero subió sin parar al 17% anual. Y luego se hundió. Ni siquiera ahora son los pisos tan caros como antes del estallido de la burbuja.
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