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La inflación sube dos décimas en junio situándose en el 2,2% en un mes marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales a raíz de la guerra entre Israel e Irán, según el indicador adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Precisamente, esta evolución en los precios de consumo es debida, principalmente, al aumento de los precios de los carburantes, frente a la bajada de junio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de alimentos y bebidas no alcohólicas, mayores que en el mismo mes del año anterior.

Además, en términos anuales los precios de consumo registran en junio una tasa del 0,6%. Con el repunte del IPC interanual en el sexto mes del año, la inflación vuelve a los ascensos después de haber encadenado tres meses de descensos en su tasa interanual.

Cifra que coincide con la de tipo subyacente -no cuenta con alimentos no elaborados ni productos energéticos- que se mantiene estabilizada en el 2,2%, sin cambios respecto a mayo. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,2%, y registró un ascenso mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,2% para el mes de junio, según apunta el organismo estadístico.

De esta manera, la inflación se mantiene contenida en entorno del nivel de referencia para el Banco Central Europeo (BCE), mientras que la economía española se mantiene como motor de crecimiento entre las principales economías europeas, indican desde el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo. «España continúa con una situación de estabilidad y moderación de precios que, junto a los aumentos salariales, permite que los hogares sigan ganando poder adquisitivo», subrayan.

El BBVA sigue evaluando la condición del Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera su OPA sobre la entidad, por lo que por el momento ni aclara si seguirán adelante con la operación ni si recurrirán al Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo.

Durante su intervención en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el máximo responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia ha insistido en que no han pasado ni 24 horas desde que se conoció la decisión del Consejo de Ministros.

En estos momentos, ha explicado, el banco analiza el impacto de la condición impuesta por el Gobierno y «en las próximas fechas» se sabrá qué planes tiene ahora el BBVA, sin dejar claro si seguirá adelante con su OPA o recurrirá al Supremo para defender el interés de sus accionistas.

El banquero no ha querido aventurar cuándo tomarán una decisión, pues también ha dicho que siguen esperando a conocer todos los detalles del acuerdo del Consejo de Ministros -el documento amplio- y no solo la información publicada este martes.

En cuanto a los ahorros de 850 millones que preveía en su momento el BBVA si absorbía el Sabadell, Belausteguigoitia ha recordado que desde hace unos meses dijeron que «la mayoría de las sinergias» se lograrían incluso sin fusión porque venían especialmente del ámbito tecnológico.

Pero tampoco ha querido elaborar más su respuesta al respecto con el mismo argumento de que continúan analizando el impacto de la decisión del Gobierno, lo que incluye todas las opciones, incluso la posibilidad de recurrir la decisión ante el Supremo.

«Evidentemente es nuestro deber tener todas las posibilidades dentro de un análisis porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas», ha añadido antes de decir que respetan la actuación del Ejecutivo, aunque la tesis del BBVA sigue siendo que no podían endurecer las condiciones de Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ha recordado que aprobó la operación «por unanimidad» y unos compromisos por parte del BBVA «muy robustos» y que van más allá de la defensa de la competencia. En cualquier caso, si el grupo presidido por Carlos Torres sigue adelante con su OPA, el máximo responsable de BBVA España cree que los plazos no tendrían que dilatarse mucho más para conseguir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) al folleto de la operación.

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, y moderó cinco décimas su avance interanual, desde el 3,3% al 2,8%, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la publicación de los datos de Contabilidad Nacional.

La demanda nacional contribuyó con cinco décimas al crecimiento trimestral del PIB, frente a las cuatro estimadas anteriormente, mientras que el sector exterior aportó una décima y no dos como calculó el INE con anterioridad.

En lo que respecta al crecimiento interanual del 2,8%, solo la demanda interna contribuyó, al aportar 3,2 puntos, frente a una demanda externa negativa de cuatro décimas, las mismas cifras que las publicadas en abril.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que España mantiene un «fuerte crecimiento» en el primer trimestre del año, apoyado en el consumo privado, la inversión en bienes de equipo y el repunte de la construcción.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha destacado, además, que el crecimiento español es superior al de los principales países europeos, como Alemania, que ha registrado un alza del PIB del 0,4% en el primer trimestre o Francia, con un repunte del 0,1%.

En lo que respecta al avance trimestral del PIB entre enero y marzo, el consumo de los hogares aumentó un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas más que lo calculado en abril, en tanto que el gasto público se recortó cuatro décimas, frente al aumento del 0,2% estimado inicialmente. La inversión, por su parte, avanzó un 0,9% en el trimestre, tres décimas más que lo previsto por el INE con anterioridad.

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 1,7%, lo que supone 1,6 puntos más que en el cuarto trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 1,6%, cuatro décimas más que la del trimestre precedente.

Un equipo de científicos de la Universidad de Edimburgo ha desarrollado una técnica pionera para convertir residuos plásticos en paracetamol utilizando bacterias modificadas genéticamente. El avance, publicado este lunes en la revista Nature Chemistry, podría revolucionar tanto la gestión de desechos como la producción sostenible de medicamentos.

La investigación demuestra que la bacteria Escherichia coli (E. coli), comúnmente utilizada en biotecnología, puede transformar ácido tereftálico -una molécula derivada de botellas de plástico hechas con tereftalato de polietileno o PET-, presente en botellas y envases, en el ingrediente activo del popular analgésico y antipirético. Mediante un proceso de fermentación similar al de la cerveza, los investigadores lograron completar la conversión en menos de 24 horas, con una eficiencia del 90 %, que llegó al 92 % en condiciones optimizadas.

El procedimiento se realiza a temperatura ambiente y genera mínimas emisiones de carbono, a diferencia del método industrial habitual, que depende del petróleo y contribuye significativamente al cambio climático. «Este trabajo demuestra que el plástico PET no es solo un residuo ni un material destinado a volverse más plástico: los microorganismos pueden transformarlo en productos valiosos, incluidos medicamentos», explicó Stephen Wallace, autor principal del estudio y profesor de biotecnología química en la Universidad de Edimburgo.

Cada año se generan más de 350 millones de toneladas de residuos plásticos, gran parte procedente del PET, como botellas de agua y envases de alimentos. Aunque existen métodos de reciclaje mecánico y químico, muchos producen nuevos plásticos o materiales de bajo valor, con costes energéticos y ambientales elevados. Este nuevo enfoque representa un salto hacia el ‘suprarreciclaje’ químico: convierte residuos en compuestos farmacéuticos, con menor huella de carbono y mayor valor añadido.

El equipo empleó una reacción química conocida como «reordenamiento de Lossen», que hasta ahora no se había inducido en células vivas. La enzima responsable fue activada mediante compuestos presentes de forma natural en el interior de las bacterias.

La investigación fue financiada por la agencia británica EPSRC y la farmacéutica AstraZeneca, con apoyo de Edinburgh Innovations, el centro de transferencia tecnológica de la universidad. «La ingeniería biológica tiene un enorme potencial para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, fomentar una economía circular y generar productos sostenibles», señaló Ian Hatch, director de consultoría de Edinburgh Innovations.

Aunque la técnica aún no está lista para su aplicación industrial, los investigadores creen que marca el inicio de una nueva era en la producción de fármacos sostenibles. El método podría adaptarse a otros residuos plásticos y a la síntesis de diversos medicamentos, apuntan.

Multa millonaria para Delivery Hero y Glovo. La Comisión Europea ha sancionado este lunes a ambas compañías con un total de 329 millones de euros por formar un cártel en el sector del reparto a domicilio, intercambiando información sensible, repartiéndose los mercados y renunciando a contratar a personal de la otra compañía.

En concreto, la multa para Delivery Hero es de aproximadamente 223 millones de euros, mientras que la de Glovo asciende a 106 millones. Ambas empresas, no obstante, tienen un 10% de descuento en las sanciones porque reconocieron su participación en el cartel y llegaron a un acuerdo con Bruselas.

Las conductas ilegales

El comportamiento contrario a las normas europeas que ahora se sanciona comenzó en julio de 2018, cuando la empresa alemana Delivery Hero compró una participación minoritaria de Glovo, y terminó cuatro años después, en julio de 2022, cuando la primera se hizo con el control total de la compañía de reparto con sede en Barcelona. El cártel formado por ambas compañías cometía tres conductas ilegales:

• En primer lugar, un acuerdo de «no-poach» o «no captación», por el cual se comprometían a no solicitar o contratar a trabajadores de la otra empresa. Por ejemplo, Delivery Hero no podía hacer una oferta de trabajo a un trabajador de Glovo. Este acuerdo, sin embargo, no cubría a los repartidores o ‘riders’, sino a trabajadores cualificados.
• Además, ambas compañías llevaban a cabo un intercambio de información privilegiada, puesto que Delivery Hero usó una participación minoritaria en Glovo para obtener información sobre sus futuras estrategias y precios. Aunque no es ilegal tener una participación minoritaria en un competidor, sí lo es usar esa posición para obtener información confidencial.
• Por otra parte, las dos empresas se repartieron los mercados europeos para asegurarse de que no competían por los clientes. De esta forma, en un país concreto, los consumidores que querían pedir comida a domicilio solo tenían acceso a un proveedor y no podían comparar precios y optar por el mas económico.

Esta es la primera vez que la Comisión sanciona a empresas por acuerdos de ‘non-poaching’ y también la primera en la que reconoce que las empresas pueden utilizar participaciones minoritarias en compañías rivales para fines anticompetitivos.

Hace casi un año, la Comisión abrió una investigación formal a ambas compañías para determinar si habían incurrido en prácticas contrarias a la libre competencia. En junio de 2022 y noviembre de 2023 ya realizó inspecciones sin previo aviso en sus oficinas como parte de la investigación sobre una posible colusión en el sector de entrega de alimentos.

Pablo Isla, el que fuera consejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, será el nuevo presidente del consejo de administración de Nestlé a partir del 16 abril de 2026 en sustitución de Paul Bulcke, el cual ha anunciado que no optará a la reelección en la junta de accionistas del año próximo.

Según ha revelado la multinacional suiza mediante una nota de prensa, el relevo ha sido comunicado para facilitar una «transición fluida y un traspaso ordenado«.

Isla, que entró en el órgano rector de Nestlé en 2018, ha sido viepresidente y consejero independiente principal del grupo desde 2024. Asimismo, el directivo español es miembro de los comités de nombramientos, retribuciones, presidencia y gobierno corporativo de la compañía.

Paul Bulcke se incorporó a Nestlé en 1979 y fue nombrado miembro del consejo ejecutivo en 2004, responsable para el mercado americano. Después, fue elegido miembro del consejo de administración en 2008, consejero delegado de 2008 a 2016 y lleva siendo presidente del consejo desde abril de 2017.

«Agradezco al consejo la confianza depositada en mí al proponerme como presidente y espero trabajar con Laurent Freixe [CEO de Nestlé] para el éxito continuo de Nestlé. Estoy entusiasmado por asumir este nuevo cargo, ya que me identifico plenamente con la estrategia en nutrición, salud y bienestar de Nestlé y su enfoque en la creación de valor compartido», ha afirmado Isla.

«Me siento honrado y entusiasmado de seguir liderando y acelerando el rendimiento y la transformación de Nestlé. Agradezco a Paul la confianza que me ha brindado durante tantos años y espero trabajar con él, con todo el consejo de administración, el equipo de Nestlé y con todos nuestros accionistas en el desarrollo de nuestra estrategia», ha declarado, por su parte, el consejero delegado de Nestlé, Laurent Freixe.

Por su parte, Bulcke ha subrayado que ha sido un «verdadero privilegio y un placer» formar parte de la trayectoria de Nestlé durante tantos años. «Confío en que, con Pablo Isla, Laurent Freixe, así como con un sólido equipo ejecutivo y un consejo de administración, la compañía está en buenas manos y continuará su prometedora trayectoria de crecimiento y creación de valor. Es el momento ideal para dedicar más tiempo a mi familia y a mis otros intereses», ha afirmado.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido volver a bajar los tres tipos de interés oficiales en un cuarto de punto, después de una inflación remitente en la zona euro y a pesar de un crecimiento económico débil. Una nueva bajada que se produce justo un año después de que el BCE iniciara su senda de recortes de tipos y que alcanza su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

De esta forma, los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito disminuirán hasta el 2,00 %, el 2,15 % y el 2,40 %, respectivamente, con efectos a partir del 11 de junio de 2025.

El contexto de inflación controlada en la eurozona, que en mayo se situó en el 1,9%, ya por debajo del objetivo del BCE, dibuja un panorama en el que se empieza a hablar de una posible pausa en la bajada de tipos para la próxima reunión de julio, siempre en función de cómo evolucionen los datos y otros factores externos como los aranceles de Donald Trump o las tensiones geopolíticas.

En el comunicado en el que ha anunciado su decisión, el BCE apunta a que espera que la incertidumbre sobre las políticas comerciales afecte a la inversión empresarial y a las exportaciones, especialmente a corto plazo, si bien aprecia que el aumento de la inversión pública en defensa e infraestructuras respaldará progresivamente el crecimiento a medio plazo.

Según el análisis del BCE, la mayoría de los indicadores de la inflación subyacente (sin energía y productos básicos) sugieren que la inflación «se estabilizará de forma sostenida» en torno al objetivo del 2 % a medio plazo.

Además, el BCE dice que ha disminuido el efecto de la incertidumbre y «una respuesta volátil de los mercados a las tensiones comerciales de abril».

Con la rebaja anunciada este jueves, la entidad presidida por Christine Lagarde ha recortado a la mitad el interés de su facilidad de depósito desde que en junio de 2024 iniciara el actual ciclo de bajadas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un segundo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles cobros de comisiones ilegales a inquilinos y por la sospecha de que habría obligado a contratar servicios no solicitados.

En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy informa de este nuevo expediente, que se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre y que derivó en un primer expediente sancionador en marzo a una agencia inmobiliaria por las mismas prácticas abusivas.

La investigación que ha derivado en los expedientes sancionadores sigue en marcha con otras empresas, y se puso en marcha tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, que alertaron de que se estaban cometiendo infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar un seguro u otros servicios no solicitados.

De hecho, el pasado 27 de marzo, Facua aseguró en un comunicado de prensa que Alquiler Seguro había sido objeto del expediente sancionador abierto por Consumo a raíz de la denuncia que esta asociación interpuso en noviembre de 2023 porque la agencia obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 por ciento de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un «servicio de atención al arrendatario».

En el comunicado de prensa del Ministerio de Bustinduy para informar del segundo expediente sancionador, gestionado a través de la Dirección General de Consumo, se recuerda que la ley prohíbe expresamente que los inquilinos paguen gastos no solicitados, y establece sanciones con multas que pueden ser graves -de hasta 100.000 euros- o muy graves -hasta un millón de euros-.

Estas acciones se suman a los expedientes abiertos a gestoras de pisos de alquiler, con el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales en la plataforma Airbnb, según recuerda el comunicado de prensa. «La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Por tanto, todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo», resume el comunicado de prensa.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado. Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro describe el proceso de compra-venta de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en 2016, que le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, y la operativa creada por este a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con dichos ilícitos capitales.

Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.

También serían constitutivos de un delito contra la Hacienda púbica puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros: «Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública, (…) correspondiente al año 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi».

Al Qubaisi creó sociedades instrumentales para el blanqueo de capitales

En definitiva, señala el instructor, Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales ad hoc para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.

De esta manera, subraya, «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito».

Decomiso autónomo de los bienes procedentes del delito

En su resolución, Calama expone la figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.

En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los «importantes» inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.

«No se puede permitir -dice el juez- que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un «testaferro de última hora» para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio».

Para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en España como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado. «Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales».

Orden de busca y captura nacional

El juez acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes «ha brillado por su ausencia«, pese a haber hecho, dice, todo lo posible para recabar su colaboración. «Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio», advierte.

En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Properti BV y Muscari Development BV sucursal en España por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.

La Generalitat de Cataluña, el Gobierno central y Aena han alcanzado un acuerdo para retomar el proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por unos 3.200 millones de euros, según ha informado este martes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presentado el acuerdo en el Palau de la Generalita tras reunirse por la mañana con la Comisión técnica.

«Necesitamos un aeropuerto intercontinental, viajar por todo el mundo sin pasar por Londres, Madrid o Frankfurt», ha apuntado Illa antes los medios, para indicar que «ha llegado el momento de dotar un aeropuerto del siglo XXI», antes de dar algunos detalles sobre la ampliación. La tercera pista, la más cercana al mar, alcanzará los 500 metros, lo mínimo para los vuelos internacionales, y habrá una remodelación de las terminales 1 y 2. El president ha explicado que también se reduce el impacto acustico, al despegar los aviones más cerca del mar.

El proyecto, que planteaba una inversión de 1.700 millones de euros se vio truncado por las discrepancias con en el anterior Ejecutivo catalán, el liderado por ERC. Esos 1.700 millones de euros ascienden ahora a unos 2.000 por el efecto de la inflación acumulada en los últimos cinco años. Además, se suman otros 800 millones de las remodelaciones de las terminales y otras partidas, según explicaron a Servimedia las fuentes conocedoras del proyecto.

Illa ha explicado que la previsión es que el Plan Director se apruebe en 2028, de modo que las obras comiencen a ejecutarse en 2030 y el proyecto esté finalizado en 2033.

A la reunión estaba previsto que asistieran la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. Asimismo, participarán en el encuentro el secretario general del departamento de Territorio, Jordi Terrades, el secretario de Acción Climática, Jordi Sargatal, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, y la directora del aeropuerto de El Prat, Eva Valenzuela, según ha informado el Govern en un comunicado.

«Es una remodelación integral, empieza una profunda transformacion para crear un hub internacional que empuje a Cataluña», ha sentenciado Illa.

La Ricarda, la cuestión a salvar

La propuesta de Illa, que anunció su intención de presentar al poco de llegar a la Generalitat, se ha retrasado unos meses sobre la fecha prevista de tenerlo para finales de 2024. Hasta ahora, el problema de la ampliación de la tercera pista era el impacto que ejercería sobre el espacio natural de La Ricarda, una laguna ubicada en el delta del río Llobregat protegida por la Unión Europea, y cuya preservación levantó las quejas de vecinos y grupos ecologistas.

El proyecto actual ha conseguido reducir en carca de 90 metros la pista con respecto a la idea inicial para evitar tocar la laguna protegida.

En su declaración, Illa ha especificado también las medidas de compensación que propone el acuerdo, que contemplan 250 hectáreas más de espacios verdes y un anillo alrededor del aeropuerto «para compatibilizar los usos agrícolas con la protección ambiental», indica el Ministerio de Transportes y Movilidad
Sostenible. Con esto, se considera que se salvan «escrupulosamente» los criterios medioambientales de la UE, según palabras de Illa.

El comunicado añade también la creación de un fondo ambiental para reforzar la protección del Delta del Llobregat.

Foment del Treball, la patronal catalana, ha valorado muy positivamente el acuerdo, que califican de «proyecto más importante para la economía catalana para los próximos diez años».

La ampliación, sin embargo, es vista de manera critica por los socios de investidura de PSC, en especial Comuns, que no creen que pase el aval de la UE.