El Gobierno ha elevado a
0,6 puntos la propuesta de cotización adicional a la Seguridad Social que deberán abonar durante
diez años empresas y trabajadores, a razón de 0,4 puntos y 0,2 puntos, respectivamente, para equilibrar las cuentas del sistema, según han informado este lunes los sindicatos.
Según han explicado CCOO y UGT, esta ha sido la propuesta que ha llevado esta mañana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la mesa con patronal y sindicatos en la que negocian algunas de las medidas que quedaban pendientes de la reforma de pensiones que se tramita en estos momentos en las Cortes.
La subida propuesta este lunes dejaría el tipo de cotización por contingencias comunes en el 34,3 %, de los que 27,6 % correspondería a la empresa y el 6,7 %, al trabajador, ya que actualmente asciende al 28,3 % (el 23,6 % es cuota empresarial y el 4,7 % del empleado).
Fuentes del Ministerio de Inclusión han asegurado que ésta ha sido «una reunión muy productiva», en la que han presentado «pequeñas modificaciones sobre la propuesta de la semana pasada sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)», entre las que se incluyen una subida de 0,6 puntos (frente a 0,5 puntos de la anterior reunión) y el reparto de la misma entre empresa y trabajador.
«Se están realizando avances y las conversaciones continuarán los próximos días«, han añadido desde Inclusión.
Fin del plazo: el 15 de noviembre
Las organizaciones sindicales han valorado «el giro de la posición del Gobierno en cuanto a centrar la definición del MEI en torno a una mejora de ingresos y la mejora de esta propuesta en términos de equidad intergeneracional en comparación con el Factor de Sostenibilidad que ahora se deroga».
No obstante, han considerado que la propuesta debe ser mejorada en términos de suficiencia, con más ingresos, y una mejor distribución de la cotización adicional entre empresa y trabajador.
Ello, han añadido, no debe predeterminar las negociaciones futuras en el seno del diálogo social, de ser necesarias, al tiempo que han de avanzar en todas las materias pendientes de desarrollo aún del Acuerdo de Pensiones de julio pasado.
Esta subida de las cotizaciones sociales, que se aplicaría desde 2023 y hasta 2032, tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada «hucha de las pensiones», que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.
El objetivo de este mecanismo, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones de los llamados «baby boomers», los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
Además de este incremento de las cotizaciones sociales y como parte del mecanismo de equidad intergeneracional, el Gobierno deberá mantener el gasto en pensiones sobre el PIB según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report (que solo aumente en 0,8 puntos del PIB, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy).
Y para ello, a partir de 2032, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo.
Se trataría así, han explicado las fuentes consultadas, de una herramienta contingente y sólo se activaría si se dieran determinadas circunstancias, como un incremento del gasto en pensiones, y además sería temporal y equilibrada, puesto que no sería soportada por una sola generación.
El ministerio, la patronal y los sindicatos apuran las últimas reuniones de la mesa de diálogo social para tratar de cerrar este mecanismo de equidad intergeneracional, que quedó esbozado en el proyecto de ley de reforma de pensiones y que el Gobierno quiere introducir en el trámite de enmiendas del Senado para que entre en vigor junto con el resto de medidas el próximo 1 de enero.
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