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Un equipo de científicos del CSIC ha desarrollado un dispositivo capaz de detectar el coronavirus SARS-CoV-2 a través de una muestra de saliva. Sin embargo, este test, más rápido y menos invasivo que las PCR, no encuentra quién lo fabrique en España, debido a la falta de inversión en ciencia y la falta de empresas de alta tecnología en el país para desarrollarla.

La científica que lidera el equipo, Laura Lechuga, investigadora del grupo de biosensores del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), explica a laSexta el funcionamiento del test: «La idea es tomar una muestra de saliva del paciente y colocarla en este chip. En caso de que el virus esté presente, lo atrapa«.

Este test ya se encuentra en pruebas de laboratorio y, a posteriori, llegarán las valoraciones clínicas. Pero ahí es donde, según Lechuga, se encuentran con «el mismo tope»: encontrar empresas que los fabrique y comercialice.

«Sabemos usar la tecnología muy bien, pero no la creamos»

«¿Tenemos empresas en el país que pudieran hacerse cargo del desarrollo? Esa es la primera pregunta. Quizá hay pocas o muy pocas«, razona la investigadora.

El problema de la ciencia en España, de acuerdo con Lechuga, es que «aquí sabemos usar muy bien la tecnología, pero no la creamos. Con la ciencia básica tan buena que hacemos se puede hacer tecnología y esa puede acabar en productos de alto valor añadido».

Lo necesario, entonces, es apostar por la innovación y por cruzar el umbral del 2% del PIB en ciencia, ya que en los ranking «salimos siempre de los últimos. Todo lo que es innovación, transferencia de tecnología, estamos siempre por debajo»

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con los agentes sociales y les ha trasladado su negativa a congelar el SMI, como piden desde la patronal y de algunos sectores del Gobierno, y no han descartado subir esta cuantía mínima aunque los empresarios no estén de acuerdo.

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, después de la reunión de la Mesa del Diálogo Social: «Naturalmente el diálogo social es un proceso que tiene resultados finales que no siempre pueden contar con el respaldo unánime de toda la gente que está en la mesa. La falta de respaldo de una de las partes no puede impedir que el Gobierno siga cumpliendo con las iniciativas que le corresponden«.

Pérez Rey ha distinguido entre «diálogo social» y «acuerdo social», ya que ninguna parte «retiene el poder de determinar por dónde van a discurrir las negociaciones». Sí ha insistido en que la voluntad del Gobierno es subir el SMI, aunque no ha presentado ninguna propuesta a las partes, que se reunirán de nuevo el próximo lunes.

«Hay algunos elementos que a todos nos sirven de referencia: la evolución de la productividad, el cuadro macroeconómico del Gobierno, la inflación prevista, lo que se ha hecho en materia de empleo público o pensiones…», ha recordado Pérez Rey, que ha rechazado dar una cifra para facilitar conseguir un acuerdo.

Subidas de alrededor de 9 euros

Según fuentes de laSexta, desde Trabajo se valora utilizar una cifra simbólica similar a las subidas de los salarios de funcionarios y de las pensiones: un 0,9%, lo que supondría sumar 8,55 euros a los 950 actuales. Lejos de los 1.200 por los que se apuesta al final de la legislatura y con crecimientos muy por debajo de los que se experimentaron en 2019 y 2020, del 22,3% y el 5,5%, respectivamente.

El ‘número dos’ de Trabajo ha recordado que la congelación solo ha ocurrido en dos ocasiones, ambas con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, y que fueron una «señal nítida» de la respuesta de la austeridad a la crisis: «Esta crisis es netamente distinta y las soluciones son netamente distintas».

Además, ha recordado que en Europa ya se están tomando medidas que van en la dirección de las subidas de las retribuciones mínimas, por lo que ha dado un «tiempo prudencial», hasta el próximo lunes, a los agentes sociales para sus consultas internas y que modulen su posición.

«El Gobierno y el Ministerio de Trabajo han hecho un esfuerzo ingente con recursos públicos para mantener la actividad y las empresas. Es necesario mantener el poder adquisitivo de los que menos tienen y seguramente están sufriendo más la crisis, muchos de ellos trabajadores esenciales: repartidores, pequeño comercio…», ha subrayado el responsable de Empleo.

Los sindicatos reclaman subidas de entre 1,9% y 5%

Desde UGT, el secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, ha remarcado la necesidad de subir el SMI para las «personas en mayor dificultad de nuestro país» para dignificar sus salarios.

UGT ha puesto encima de la mesa subir el SMI un 5%, hasta los 1.000 euros al mes: «Es una propuesta que entendemos que se relaciona con los compromisos que tiene el Gobierno. No se puede vivir en este país con un salario que esté por debajo», ha asegurado.

Con respecto a la cifra que se baraja de una subida simbólica del 0,9%, Pino se ha mostrado en contra: «No aceptaríamos de ninguna de las formas que el SMI fuera hacia la subida del 0,9%. Ahí no nos podríamos encontrar».

Por parte de CCOO, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos Gutiérrez, ha asegurado que el sindicato plantea dos referencias para la subida: los salarios por convenio y las pensiones mínimas. «No parece de sentido común que si las pensiones van a subir un 0,9%; las mínimas, un 1,8%; los salarios medios de convenio en noviembre, un 1,89%… no parece lógico que exista encima de la mesa ningún planteamiento que establezca la congelación del SMI», ha dicho.

Asimismo, Gutiérrez ha subrayado que en 36 años de existencia del SMI, de 1980 a 2016, se ha perdido poder adquisitivo. «El SMI real de 1980 de 2016 se ha reducido y solo se ha cambiado con las subidas intensas del SMI en los últimos años. Es la senda adecuada», ha insistido.

La patronal, por su parte, ha llevado a la mesa su postura de que no es el momento de subidas de las cuantías mínimas, sino que lo más positivo sería congelarlo. Con todo, recuerdan fuentes de CEOE, que es potestad del Gobierno su alza.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha confirmado la seguridad y eficacia de la vacuna contra el coronavirus de Moderna, en un informe previo a su autorización que su Comité de Vacunas abordará en una reunión este jueves.

De acuerdo con dicho informe, los datos químicos, de fabricación y controles de la vacuna son «consistentes con las recomendaciones dispuestas en la Guía de la FDA para la autorización para uso de emergencia de vacunas contra la COVID-19″.

Además, la FDA ha determinado que el laboratorio «ha proporcionado la información adecuada para garantizar la calidad de la vacuna y consistencia para la autorización del producto bajo una Autorización de Uso de Emergencia», agrega el informe.

Así pues, la vacuna de Moderna, que anunció hace un mes una eficacia del 94,5% -y hasta del 100% frente a los casos más graves de la enfermedad-, podría ser aprobada de forma inminente en el país norteamericano, mientras que su autorización en Europa está prevista para enero.

Precisamente, EEUU ha comenzado esta misma semana la vacunación con dosis del fármaco desarrollado por Pfizer, cuya aprobación en la Unión Europea podría llegar antes de lo esperado: el próximo lunes 21 de diciembre.

El Gobierno pretende que las familias y pequeñas empresas se ahorren en los próximos cinco años hasta un 13% de lo que ahora pagan en la factura de la luz. Para lograrlo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que creará un «fondo nacional para la transición energética» donde las empresas eléctricas asumirán parte de los costes fijos del recibo de la electricidad que hasta ahora recae en los consumidores.

En palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este «nuevo mecanismo» permitirá «reducir la factura de la electricidad y garantizar la solvencia del sistema eléctrico», y sustituirá el sistema actual implantado en 2012, cuando existía una previsión «de precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad».

«Hoy la situación es, afortunadamente, totalmente distinta. La eficiencia eléctrica de familias, edificios y electrodomésticos ha logrado estabilizar la demanda, y también la creciente penetración de renovables con precios de electricidad cada vez más bajos», ha explicado la también ministra de Hacienda en su comparecencia de Moncloa.

El Gobierno defiende la creación de este fondo como una alternativa a subir la parte regulada de la factura de la luz «entre un 10 y un 15%» por la estabilización de la demanda eléctrica, una «medida que sería económica y socialmente inviable», según Montero.

El denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico se financiará, ha precisado el Ejecutivo, «con aportaciones de todas las empresas que venden energía según sus ventas«, que asumirán los costes fijos que hasta ahora sale del «bolsillo de los consumidores».

«Hablamos de un mecanismo gradual y progresivo en los cinco próximos años, y en ningún caso se trata de aumentar la presión fiscal o recaudatoria», ha defendido Montero. Este nuevo modelo surge a propuesta de «sectores independientes, académicos, organismos de regulación y diferentes partidos», ha enumerado el Gobierno, para acercar a España a los sistemas que ya funcionan en Francia y Alemania.

Noah Higón tiene 22 años y siete enfermedades raras diagnosticadas que le han llevado a pasar por quirófano una quincena de veces. Con su dura experiencia ha hecho este lema suyo: «Intento sacar de todo el dolor y todo lo que me ha pasado transformarlo en algo que merezca la pena y cambiar la sociedad en la que vivo».

Las cicatrices que le han dejado las 15 intervenciones quirúrgicas ahora las muestra como heridas de guerra. Su mensaje no es otro que, «gracias a la ciencia estoy aquí».

Por eso entre sus deseos está el de que se siga investigando para poder seguir viviendo. «Todo ha ido evolucionando y mejorando gracias a la ciencia. Es el proyecto de futuro en el que tenemos que contribuir todos«, afirma.

Ella es una de las personas que apoya la campaña ‘Objetivo 2%’ para que la inversión crezca en nuestro país y alcance el 2% del PIB. Esta inversión podría servir para que enfermedades como las suyas que aquí no se estudian empiecen a hacerlo para que pacientes como ella no se vean obligados a salir fuera para recibir un tratamiento.

«El año pasado tuve que viajar hasta Alemania para que me diagnosticasen unos síndromes raros porque aquí en España no hay médicos que se decidan para poder ayudarnos». Y eso es por la falta de inversión y de investigación.

Si aumenta el dinero que se destina a la ciencia, Noah podría tener una mayor calidad de vida. Mientras eso llega, la joven se ha tatuado su filosofía y está decidida a luchar por su vida, compartiendo en sus redes sociales su día a día en los hospitales, siempre con la esperanza puesta en la ciencia. «Es verdad que la ciencia cura, y que sin ciencia no hay futuro«, asegura.

El Gobierno de coalición no tiene una postura clara de cara a las negociaciones que arrancan este martes para subir, o no, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende que no es el momento, en tanto que la responsable del diálogo social, Yolanda Díaz, cree necesario un alza de los 950 euros actuales.

El disenso en el área económica del Ejecutivo entre los ministros más moderados y los representantes de la cuota de Unidas Podemos también se traslada a los agentes sociales: los sindicatos apuestan por subir el SMI para reforzar la protección social, pero la patronal defiende que, tal y como están las cosas, no es el momento.

Según apuntan desde fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social a laSexta, la postura que defienden desde su departamento es subirlo de acuerdo con la inflación, al menos con la estimación que se hace para el año que viene, en torno al 0,9%, similar a la subida de las pensiones o de las retribuciones a los funcionarios.

Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que Asuntos Económicos, con Calviño al frente, no está a favor de esta subida. El debate en el Gobierno está servido y desde Trabajo recuerdan que sólo en 2012 y 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy y con Fátima Báñez al frente de Empleo, no se actualizó el SMI.

«No sería comprensible» congelar el SMI

Díaz ha insistido en las últimas horas en que sería «una anomalía» que el Ejecutivo no revalorizara los salarios más bajos, cuando en «Portugal, Francia, Alemania y quince países más» sí lo están haciendo. Por tanto, para la responsable de Empleo «no sería comprensible» que los trabajadores que más lo necesitan se queden fuera de una subida que sí experimentarán los funcionarios, pensionistas o quienes se benefician de convenios colectivos.

Si se aplica la subida mínima que defiende trabajo, del 0,9%, la subida no llegaría a los nueve euros: 8,55 euros más, hasta situarse en 958,55. Lejos del incremento de 22,3% que el Gobierno de Sánchez aplicó en 2019 y también del 5,5% que se acordó, ya con Yolanda Díaz en Trabajo, a principios de 2020. Unas cifras muy lejos del pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos, que contempla aumentarlo hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.

Pero en una entrevista de este fin de semana a ‘Colpisa’, la vicepresidenta Calviño insistió en la prudencia, enfriando las posibilidades de un alza: «Estamos en un momento de gran incertidumbre, es preciso actuar con gran prudencia y la prioridad tiene que ser impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo«.

Los desencuentros entre los ministros morados y la parte socialista del Gobierno se suelen solventar al más alto nivel, entre el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En un acto en París para celebrar el 60 aniversario de la OCDE, el presidente Sánchez ha apuntado hacia dónde puede decantarse la balanza: «Ha llegado la hora de salarios justos, condiciones dignas de trabajo y un diálogo social reforzado, que nadie quede a la zaga. El Gobierno está comprometido a revertir esas tendencias, hemos aumentado el SMI, hemos creado una renta mínima de inserción para las familias más vulnerables y hemos protegido los empleos durante la pandemia».

Los sindicatos apoyan subirlo, pero no dicen cuánto

Los sindicatos no llevan una cifra cerrada de en cuánto debería incrementarse el SMI. Fuentes de CCOO a laSexta hablan de una horquilla entre el 0,9 y algo menos del 2% que van a aumentar los salarios por convenio, ya que la subida apenas sería demasiado abultada.

Más tajante ha sido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez: «No hay margen para no aumentarlo», ha señalado. «Si Portugal lo sube en 4,7%, o Alemania lo sube un 2,5%, o Francia un 1%… No sé por qué España no va a aumentar el SMI. Esta medida va bien para los trabajadores, empresas, consumo y Seguridad Social, por lo que no hay ninguna razón para no subirlo”.

“Se habla mucho de las ayudas sociales durante la pandemia, pero de cada 4 euros invertidos, tres fueron a las empresas y uno solo ha ido a las políticas sociales. Hay que posibilitar que salgamos todos de esta crisis en buenas condiciones, sin dejar a nadie atrás”, ha destacado.

La patronal, contraria a la subida por la crisis en la hostelería y el comercio

Por parte de los empresarios, la CEOE se muestra claramente en contra de la subida. Según indican desde la patronal, su punto de partida es no tocarlo este año, ya que las empresas no están para subidas de salarios. Muchas de las empresas que pagan este sueldo son aquellas ahora mismo más afectadas por las restricciones, como el comercio o la hostelería.

«Con la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables; (…) desde luego, no es el momento de habar de estos temas«, ha apuntado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Más categórico ha sido uno de los vicepresidentes de la patronal nacional y presidente de la catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre: «Cuando estén los sectores salvados, ya hablaremos de salario mínimo», ha asegurado, para después apostillar que «hay empresas que están en una situación agónica y precisan ayuda hoy mismo».

Con todo, desde la patronal recuerdan que el establecimiento del SMI es una potestad del Gobierno previa consulta con los agentes sociales y podría incrementarlo sin acuerdo, como ya sucedió a finales de 2018, cuando subió 164,1 euros, un 22,3%.

Sanidad ya pone fecha a la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus a España. Salvador Illa confía en que sea el 4 o el 5 de enero, para empezar la campaña de vacunación a mediados de ese mismo mes.

Ante la inminente llegada de las primeras dosis, son muchas las preguntas que se plantean los ciudadanos sobre cómo será la vida tras ponernos la vacuna. ¿Volveremos por fin a la ‘vieja normalidad’ o, por el contrario, permanecerán con nosotros las mascarillas y el distanciamiento social?

Repasamos lo que se sabe hasta ahora y las (muchas) incógnitas que siguen todavía en el aire, de cara a la vacunación y la posibilidad de que sea el principio del fin de la pandemia.

¿Volveremos a la ‘vieja normalidad’?

Precisamente sobre esta cuestión preguntaba este domingo Gonzo al ministro Illa en Salvados. ¿Cuándo volveremos a la ‘vieja normalidad’? La «buena», esa en la que no había mascarillas ni distancia interpersonal, precisaba el periodista.

A este respecto, el titular de Sanidad, aunque calculó que para principios de verano entre 15 y 20 millones de españoles podrían estar ya vacunados, señaló que «este tipo de pandemias dejan siempre algún tipo de cambio en la sociedad». «Esto nos va a cambiar cosas de fondo«, vaticinó el ministro, que expresó su dudas sobre «si volveremos a hacer las cosas exactamente igual que antes».

No sé si volveremos a hacer las cosas exactamente igual que antes»

Además, Illa advirtió de que la vacunación tardará en llegar a todos los países del mundo. «En Europa creo que hacia el verano habremos controlado de una forma ya muy clara la pandemia, en el mundo tardaremos más, quizá todo el 2021 y una parte de 2022«, estimó, apuntando, no obstante, que «habrá un cambio de escenario muy relevante» en lo que respecta a los viajes dentro de Europa.

¿Tendremos que seguir usando mascarilla?

Las primeras vacunas que lleguen a España serán, previsiblemente, las de Moderna y Pfizer, cuya aprobación se espera para principios de enero y finales de diciembre, respectivamente. Sin embargo, aunque ambos laboratorios han confirmado umbrales altos de eficacia para evitar la enfermedad por coronavirus, se desconoce si sirven también para evitar la transmisión.

Dicho de otro modo, no está aún claro si las vacunas protegen de la infección o solamente de sus síntomas. En este sentido, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, reconocía la semana pasada que es una posibilidad que una persona vacunada pueda seguir contagiando, según manifestó en declaraciones a la ‘CNN‘.

Por el momento no se sabe si las vacunas evitan el contagio además de los síntomas graves

En este mismo sentido se ha pronunciado este lunes Fernando Simón. «El que una persona esté vacunada y no sea transmisor implica que él no puede portar el virus y trasladárselo a otro. En este caso, no tenemos todavía información suficiente para valorarlo«, ha reconocido.

«Se plantea la posibilidad de que una persona pueda tener el virus en la garganta, no ponerse enfermo pero seguir expulsándolo y por lo tanto tener posibilidades de infectar a otro», ha agregado el director del CCAES.

Así, hasta que sepamos si realmente las vacunas suprimen lo suficiente el virus como para que las personas inmunizadas no puedan transmitirlo, todo apunta a que las mascarillas seguirán formando parte de nuestro día a día.

¿Cuándo habrá inmunidad de rebaño?

No obstante, Simón también se ha referido al concepto de «inmunidad de rebaño«-cuando una parte suficientemente grande de la población es inmune y se interrumpe la transmisión-, señalando que esta puede conseguirse en España si se vacuna alrededor del 70% de la población.

De esta manera, ha explicado, «la inmunidad de rebaño se puede conseguir incluso con una vacuna que no reduzca la probabilidad de transmisión del virus de una persona que tiene el virus en la garganta, aunque no se ponga enfermo».

«No sabemos todavía si una persona vacunada realmente va a portar el virus y durante cuánto tiempo», ha reiterado Simón, que ha señalado que esto se va a ir sabiendo a medida que se vacune a más población. Mientras tanto, ha incidido, el objetivo debería ser vacunar por encima de 70%. Un porcentaje de vacunados que, según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se espera haber alcanzado «al final del verano».

Podríamos contagiarnos tras vacunarnos

En su comparecencia de hoy, Simón también ha incidido en otro aspecto que respaldaría la necesidad de mantener las medidas preventivas -como la mascarilla y la distancia- aunque ya nos hayamos vacunado.

Según ha explicado, «la inmunidad que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber sido vacunado de la segunda dosis», por lo que, «hasta una semana después de la segunda dosis, no tienes la inmunidad esperada«. «Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección», ha añadido.

Sería posible «tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta»

Por este motivo, el doctor Simón ha insistido en llegar al proceso de vacunación con la incidencia lo más baja posible, ya que «cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto a una infección y por tanto tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta«.

Algo, ha advertido, que puede «generar un problema importante de percepción del riesgo o de percepción de efectividad de la vacuna».

Se acercan las celebraciones navideñas y el marisco es un plato que no puede faltar en las copiosas comidas de estas fechas. Como cada año, su precio aumenta considerablemente cuando se acerca la Navidad, por eso, muchas familias optan por comprar producto congelado y poder ahorrar.

El langostino es uno de los mariscos más socorridos y por eso la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio entre 12 marcas disponibles en supermercados para comprobar cuáles son los más recomendables en cuanto a calidad-precio.

Los langostinos que suspenden

• Alcampo. Auchan. Langostinos cocidos ultracongelados

El el peor producto de todos los analizados por la OCU por su escasa calidad de sabor y la presencia de sulfitos. Además, puede provocar reacciones alérgicas, urticaria o dificultad para respirar. También obtiene mala puntuación por su alto contendio en sal, aditivos, homogeneidad y frescura. La caja de 700 gramos cuesta 5,49 euros.

• Carrefour, langostino vannamei cocido grande

Estos langostinos congelados tienen alto contenido en sal y su sabor destaca negativamente, según la OCU. A pesar de ello están bien valorados en cuanto a higiene y poca presencia de sulfitos. La caja de 800 gramos cuesta 7,58 euros.

• Costasur, langostino cocido congelado

La OCU apunta que este producto «obtiene una calidad insuficiente o es inseguro» ya que tiene alto contenido en sal y aditivos. Además, su sabor obtiene tres de cinco estrellas. A pesar de ello sacaca buena nota en cuando a higiene y defectos. Se vende en cajas de 720 gramos a 8,37 euros.

Los mejores langostinos

• El Corte Ingles. Langostinos cocidos. 65 puntos.
• ​Pescanova. Rodolfos, langostinos cocidos. 64 puntos.
• Filete. Langostinos blancos cocido. 63 puntos​
• ​Ocean Sea. Langostinos cocidos. 60 puntos
• ​DIA. Langostino Vannamei cocido mediano. 56 puntos.
• ​Carrefour. Langostinos cocidos. 54 puntos.
• ​Pescanova. Langostinos cocidos. 54 puntos.
• ​Eroski basic. Langostinos cocidos. 53 puntos.
• ​La Sirena. Langostino vannamei cocido. 52 puntos.

La investigación desarrollada por un grupo de médicos forenses del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz durante la pandemia muestra cómo el coronavirus puede llegar a dañar varios órganos.

Donde se ha visto que el virus hace cambios más representativos es, explica Emilia Barrera, experta en autopsias, en «pulmones, corazón, riñones y bazo«. Como ejemplo, un pulmón afectado por el virus se hincha como una esponja, a diferencia de otro sano.

Cuando en abril este hospital comenzó a realizar las primeras autopsias, la COVID-19 era considerada una enfermedad principalmente respiratoria. Los resultados certifican que el virus ataca a diferentes órganos y daña nuestro sistema inmunitario, una información que resulta muy útil para luchar contra la enfermedad.

Para explorar los órganos de víctimas del COVID-19 se necesita mantener una precaución extrema para evitar ser contagiada, al tiempo que extrae la máxima información posible para conocer todos los daños que el virus causa en el organismo.

Por ello en la Fundación Jiménez Díaz cuentan con un sistema de «bioseguridad» que hace posible este tipo de autopsias exhaustivas a los pacientes que fallecen por el virus. «Cuando se hizo esta sala, que no tiene muchos años, se hizo de bioseguridad. En España hay muy poquitas y por eso hay muy pocos hospitales que pueden hacer este tipo de pruebas«, recalca Virginia De Lucas, supervisora de anatomía patológica del centro.

Este, el de la falta de recursos que hace que no en todos los hospitales se puedan analizar los órganos de pacientes COVID-19 para determinar cómo afecta la enfermedad, es uno de los cientos de motivos por los que los que es necesario conseguir que la inversión en Ciencia en España alcance el 2% del PIB. Una campaña a la que puedes sumarte firmando a través de la página web de laSexta.

A partir del 1 de enero de 2021, tendremos que verificar nuestra identidad doblemente para hacer compras con tarjeta a través de Internet. A falta de menos de un mes, algunos bancos están avisando ya a sus clientes de la entrada en vigor de la Directiva Europea PSD2 a comienzos del próximo año.

Una normativa «destinada a reforzar la seguridad del consumidor y respaldar el crecimiento del comercio electrónico«, según explica Elena Bermejo, directora de Tarjetas y Cuentas del Banco Santander.

Así, cuando arranque el nuevo año, nos pedirán algún dato más que ahora cuando vayamos a pagar lo que haya en nuestra cesta online. El sistema de autenticación, que elige el banco, puede ser introducir el PIN de la tarjeta, pulsar en un SMS o algún sistema de biometría, detalla Bermejo.

Se pedirá, en cualquier caso, «algo que el consumidor sabe, como podría ser una contraseña, algo que tiene, como un ordenador o dispositivo móvil, o algo que el consumidor es», según precisa Carlos Torme, director de Expansión de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.

Excepciones: compras habituales e importes pequeños

No obstante, habrá excepciones en las que no nos pedirán esta doble autenticación, en general relacionadas con compras habituales o importes pequeños, explica Bermejo. De esta forma, en un primer momento no habrá que autenticarse dos veces para realizar compras de menos de 30 euros.

Sin embargo, sobre este límite de 30 euros también hay una excepción a la excepción: cuando pasen cinco compras con importes inferiores a 30 euros desde la ultima vez que se autenticó, el consumidor tendrá que volver a hacerlo, según explica José Luis Zimmerman, director general de la Asociación Española de la Economía Digital.

Por otra parte, este doble trámite tampoco será necesario en el caso de las suscripciones o de determinados comercios considerados «de bajo fraude».

Más seguridad

Mientras llega la nueva norma, son muchos los comerciantes online que ultiman estos cambios a contrarreloj. Para Antonio Fagundo, director de Masaltos.com, «la principal ventaja que tiene es que es imposible suplantar la identidad de nadie«.

Aunque la tasa de fraude online en España ya era muy baja, del 0,1%, a partir de ahora los estafadores lo tendrán aún más difícil.