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La NASA confirmó este martes que el impacto de su nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, consiguió desviar su trayectoria, tal y como era su objetivo.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, apuntó que antes del impacto Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema de asteroide doble.

La nave logró reducir esa órbita en 32 minutos: «Hubiera sido un éxito si la hubiera ralentizado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32», dijo Nelson, felicitándose por el éxito de esa misión de defensa planetaria efectuada en septiembre.

 

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido este martes rebajar de forma generalizada sus previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB), lo que en el caso de España se ha traducido en un recorte de ocho décimas para 2023, hasta el 1,2%, según se desprende del informe ‘Perspectiva Económica Mundial’.

«La futura salud de la economía global depende críticamente de la calibración adecuada de la política monetaria, el curso de la guerra en Ucrania y la posibilidad de más problemas de oferta relacionados con la pandemia, por ejemplo, en China», ha alertado el organismo con sede en Washington.

El FMI ha ajustado respecto a sus últimas previsiones, publicadas en junio, que España crecerá un 4,3% este año, tres décimas más, mientras que el avance económico el año que viene se reducirá en ocho décimas, hasta el 1,2%.

Pese a este abultado ajuste para 2023, España se mantiene a la cabeza de las grandes economías de la eurozona respecto a crecimiento tanto este año como el próximo.

Así, el crecimiento de Italia y Francia en 2022 se ha ajustado dos décimas al alza, hasta el 3,2% y el 2,5%, respectivamente. De su lado, Alemania crecerá este año un 1,5%, tres décimas más.

Los peores datos se pueden ver para 2023, cuando tanto Alemania como Italia entrarán en recesión. La primera se contraerá un 0,3% en el año, lo que supone un recorte de 1,1 puntos en sus previsiones de crecimiento respecto a los últimos pronósticos del FMI. La segunda se contraerá un 0,2%, lo que supone un recorte de nueve décimas. De su lado, Francia registrará una expansión del 0,7% el año que viene, tres décimas menos.

De esta forma, en el conjunto de la eurozona se registrará un crecimiento del 3,1% en 2022, lo que supone una mejora de cinco décimas respecto a las previsiones de junio, mientras que las estimaciones para 2023 se han recortado en siete décimas, hasta el 0,5%.

En este sentido, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ha destacado en rueda de prensa el fuerte impulso del turismo a la actividad en 2022, mientras que para el próximo año, igual que sucede con Italia, la economía española se verá lastrada por la combinación de la crisis energética, una menor demanda y mayores restricciones de la política monetaria.

No obstante, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, ha destacado que, si bien el patrón es similar para España que para otros países europeos, la institución confía en que su actividad será impulsada por el fondo de recuperación de la UE.

Asimismo, ha apuntado que los datos del PIB de España correspondientes al segundo trimestre, con un crecimiento del 1,5%, tras la contracción del 0,2% en los primeros tres meses de 2022, fueron publicados después de que el FMI hubiera cerrado sus actuales previsiones, por lo que ha reconocido que «si se hicieran ahora esas previsiones para 2023 probablemente veríamos cifras incluso más elevadas de las que tenemos«.

El resto del cuadro macroeconómico que ha estimado el FMI solo tiene comparación con las previsiones de hace seis meses, ya que las de hace tres únicamente incluían el PIB. Así, el organismo multilateral considera que la inflación media de España en 2022 será del 8,8%, frente al 5,3% que esperaba en abril. Para 2023, se situará en el 4,9%, en comparación con el 1,3% que proyectó hace medio año.

Pese al menor crecimiento y el elevado nivel de precios, el mercado laboral muestra signos de mejora de forma continuada. El Fondo espera que el paro cierre este año en el 12,7%, siete décimas menos que la previsión de abril, mientras que en 2023 alcanzará el 12,3%, ocho décimas menos.

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El hospital público madrileño de La Paz ha realizado con éxito por primera vez en el mundo un trasplante multivisceral de intestino procedente de una donación en asistolia controlada pediátrica, en una niña de 13 meses que ya fue dada de alta y se encuentra en perfecto estado de salud en su domicilio.

Así lo ha informado este martes el Gobierno regional madrileño, en un acto en el que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado este avance médico junto con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), personal médico del hospital y los padres de la paciente.

La donación en asistolia es la donación de órganos y tejidos que proceden de una persona a la que se le diagnostica la muerte tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorespiratorias (ausencia de latido cardiaco y de respiración espontánea), órganos que se preservan con un sistema de oxigenación extracorpórea. Las autoridades sanitarias madrileñas destacan que esta técnica «hace posible el uso de órganos sólidos que de otra forma se perderían».

La receptora de los órganos donados de esta manera ha sido una niña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida y que se encontraba en un estado de salud muy deteriorado, explica la Sanidad madrileña en una nota de prensa.

A pesar de que un 30% de los candidatos fallece en lista de espera, nunca se había utilizado el intestino procedente de donación en asistolia al considerarse que no sería válido dadas las características especiales de este órgano, aunque, «como la evidencia científica tampoco demostraba que no pudiera hacerse», el Grupo de Malformaciones Congénitas y Trasplante del Instituto de Investigación Sanitaria (IdiPAZ) puso en marcha un proyecto de tres años de investigación, con apoyo institucional y con la financiación de la Fundación Mutua Madrileña.

Según la Comunidad, tras experimentar y demostrar que el intestino era válido, «se pudo trasladar a la clínica, siendo un éxito» obtenido, dice la nota, por un equipo multidisciplinar formado por profesionales de varios servicios del hospital, en especial los de Gastroenterología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Cirugía Cardiaca Infantil, Cuidados intensivos pediátricos, Anestesiología y Reanimación, así como de la Coordinación de Trasplantes, Cirugía Experimental e IdiPAZ.

¿Qué es la donación en asistolia?

Según la Sanidad madrileña, en los últimos años ha aumentado el número de pacientes que requieren de un trasplante de órgano sólido para seguir con vida y «la donación en asistolia se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante puesto que en adultos ya representa un tercio de las donaciones» que se realizan en España.

Esta técnica permite que, tras la certificación del fallecimiento, se puedan preservar los órganos con perfusión de sangre oxigenada mediante el sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), de forma que el órgano a trasplantar no se deteriora.

La donación en asistolia controlada, dice la nota, ha demostrado tener unos resultados similares a la clásica donación en muerte encefálica y su uso está incrementándose también en otros países europeos.

Esta técnica fue utilizada en La Paz por primera vez en 2014 en adultos y en septiembre de 2021 en niños, aunque previamente el equipo de trasplantes infantil la había realizado con el equipo de ECMO itinerante en tres hospitales de Madrid, País Vasco y Andalucía, la primera de ellas en 2018.

La Comunidad de Madrid destaca además que el Hospital La Paz está consolidado como «uno de los mejores centros trasplantadores en niños tanto de España como de Europa», y que es el único acreditado en España para llevar a cabo todos los programas de carácter infantil existentes y el único que realiza el intestinal y multivisceral.

«Dentro de las técnicas utilizadas, el trasplante es el último recurso, pero el único que puede salvar la vida a los determinados pacientes», dice la nota, y subraya que este mes se cumplen 23 años del primero de intestino realizado en España por este equipo.

Fue en octubre de 1999 -dice- y el receptor un niño de dos años que padecía una enfermedad congénita que no tenía tratamiento y hacía imposible su alimentación por vía digestiva, por lo que desde los 15 días de vida tuvo que recibir nutrición parenteral. Desde entonces, en La Paz se han realizado 120 trasplantes intestinales, 72 de ellos multiviscerales.

El Hospital La Paz es uno de los centros trasplantadores en pediatría más activos en Europa y coordina la TransplantChild, una de las 23 Redes Europeas de Referencia (ERN) aprobadas por la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva europea sobre derechos de los pacientes en la asistencia transfronteriza. Y es, además, la única red europea coordinada por España e integrada por 40 centros de once países.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, ha defendido este lunes que la base máxima de cotización se eleve cada año en línea con la cifra de inflación y ha mostrado «sorpresa» por las críticas de la patronal CEOE al incremento del 8,6 % para 2023.

En una rueda de prensa para detallar los presupuestos para 2023 de su departamento, Escrivá ha explicado que esa alza del 8,6 % recogida en las cuentas busca asegurar la sostenibilidad del sistema y dar predectibilidad al sistema, toda vez que la subida de las pensiones también está ligada a la evolución de la inflación.

La previsión del Gobierno es que las pensiones suban el 8,5% de media para el próximo año y en esa línea se ha recogido un incremento del 8,6 % en las bases máximas, las que aplican a los que ganan más de 49.672 euros anuales, que ha criticado con dureza la CEOE.

 

Escrivá ha explicado que esta vinculación de la evolución de la base máxima a los precios es independiente de la negociación abierta con los agentes sociales para ir quitando el tope que tienen tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima en España a medio plazo, en los próximos 30 años.

Esta adecuación de las bases y las pensiones máximas es uno de los hitos de reforma comprometidos con Bruselas.

Dura respuesta de la CEOE

Escrivá ha reconocido que no se comunicó formalmente esta cifra a la CEOE pero que llevan meses «hablando con ellos» de esa forma de abordarlo y su respuesta le parece «desconcertante».

En un comunicado el pasado viernes, la CEOE aseguró que la decisión adoptada era «impresentable» y devaluaba el diálogo social.

Escrivá también ha recordado que en 2020 y 2021 apenas se subieron estas bases, mientras que la Seguridad Social dejó de ingresar cerca de 15.000 millones que se destinaron a proteger el tejido productivo y que en otros años en crisis, como 2013, se elevaron un 5% sin críticas de la patronal.

Asimismo, ha rechazado que en España haya un problema de costes laborales y ha incidido en que, en el contexto de elevada inflación, lo que se está dando es una pérdida de poder adquisitivo de los salarios mientras las empresas mantienen sus márgenes.

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La aplicación ‘Radar COVID‘, desarrollada por el Gobierno para controlar los contagios de COVID-19, ha finalizado este domingo su actividad tras más de dos años de funcionamiento.

Según sus estadísticas, la ‘app’ ha ayudado a identificar 124.555 contagios, del total de 13.441.941 casos notificados oficialmente hasta el momento, lo que supone menos del 1% del total.

Estos datos contrastan con el de número de descargas. De acuerdo con el Gobierno, se ha descargado más de 8,6 millones de veces por los usuarios, tanto en Android como en dispositivos Apple, es decir, aproximadamente el 21% de los españoles mayores de 14 años.

La ‘app’ ha costado a las arcas públicas unos 4,2 millones de euros, de los que 330.537 euros se destinaron a su desarrollo, según informó el Ejecutivo en febrero de este año en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos.

El contrato para el mantenimiento, el soporte y la evolución de este sistema de rastreo ha ascendido hasta los 1,7 millones de euros con Indra. Precisamente la finalización del contrato con esta compañía ha supuesto el cese de actividad de la aplicación.

La partida más abultada para ‘Radar COVID‘ ha sido la colaboración y la ejecución del plan de medios con el objetivo de darle visibilidad: 2,1 millones de euros. Otros 28.459 euros han ido para elaborar materiales en la creatividad de la campaña.

Pese a estos datos, el Gobierno ha defendido en varias ocasiones la eficacia de la aplicación. La última en abril de este año en una respuesta a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Defensas… y tirones de orejas

En concreto, el Ejecutivo argumentó que fue una «valiosa herramienta«. «Sin duda alguna, ‘Radar COVID’ es una valiosa herramienta que ha contribuido, de manera automática, a la identificación de casos COVID-19 que han sido aislados y tratados convenientemente», apostilló.

Además, el Gobierno esgrimió durante su lanzamiento que ‘Radar COVID’ seguía «los estándares técnicos más garantistas con la privacidad de los usuarios en cumplimiento de todas las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea en este sentido».

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió en junio de este año un expediente sancionador, sin sanción económica, contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), el organismo que desarrolló la aplicación, por violar hasta 8 artículos del Reglamento General de Protección de Datos.

Entre otros artículos, la aplicación vulneró el 5.1.a., que establece que los datos personales serán «tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado«.

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Miriam es una de las vecinas de un bloque de viviendas de protección oficial de Getafe que diez años después de su construcción pasa a ser propiedad de un fondo buitre. Pagaba 489 euros de alquiler, y ahora le piden un 70% más.

Ninguna de las personas que vive allí puede afrontar la subida del alquiler: «Sabían que éramos personas que no teníamos posibilidades. No pueden hacernos una subida que no podamos asumir». En su caso, cuenta, no llega a los 850 euros de sueldo.

La situación de Miriam se repite en cada uno de los vecinos de las 80 viviendas. Ramón Bultó paga por su vivienda 750 euros de alquiler y le piden ahora 1.041, unos 300 euros mensuales de sobrecoste a los que llegaría «muy justo».

Algunas de las familias afectadas han decidido quedarse. Son unas 30 las que no aceptan el nuevo precio y aseguran que seguirán pagando el precio anterior, porque en ningún momento van a ser okupas.

Otros, en cambio, han firmado las nuevas condiciones o directamente se han tenido que ir. Es lo que se conocen como los «desahucios invisibles», gente que ve que no puede asumir el precio y coge las maletas, deja su barrio y su vida.

La subida la propone ahora en un nuevo contrato el actual propietario: FIDERE, un fondo de inversión perteneciente a Blackston. Aunque los vecinos exigen que se siente a negociar, desde el fondo buitre responden con un comunicado que los vecinos «eran conocedores de que la protección terminaba». Además, admiten que son sensibles a cada situación y que harán la negociación caso por caso.

Lo cierto es que en la práctica el arrendatario tiene escaso margen de maniobra. El propietario es libre de alquilar a ese mismo arrendatario o a quien estime oportuno y con las condiciones que considere con nueva renta que puede ser muy superior. Por eso, los vecinos insisten en negociar de forma conjunta y una nueva ley de vivienda que evite que su situación de desprotección continúe.

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El comité de seguridad (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha llevado a cabo una recomendación de cara a recoger en el prospecto de los medicamentos combinados de codeína con ibuprofeno una advertencia sobre «los daños graves, incluida la muerte» que tendría su uso prolongada o en dosis superiores a las recomendadas.

Según confirmó a EFE una fuente del regulador europeo, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) recomendó, en su última reunión mensual, un cambio tras llevar a cabo una revisión de varios casos de toxicidad renal, gastrointestinal y metabólica que se han informado en asociación con casos de abuso y dependencia de codeína con combinaciones de ibuprofeno, algunos de los cuales han sido fatales.

El comité concluyó que, cuando se toma en dosis superiores a las recomendadas o durante un tiempo más prolongado, la codeína con ibuprofeno puede dañar los riñones, evitando que eliminen de forma adecuada los ácidos de la sangre a la orina.

Luis Bujanda, especialista de digestivo y catedrático de Medicina en la Universidad del País Vasco, detalla en el Science Media Centre que el ibuprofeno es «el antiinflamatorio no esteroideo más comercializado en España«, a la vez que señala que su combinación con codeína es «muy poco frecuente«. «Sí aconsejamos desde el punto de vista digestivo restringir el uso de antiinflamatorios siempre que sea necesario y tener cuidado en población de riesgo por el riesgo de complicaciones gastrointestinales en general», añade.

Por su parte, Francisco López-Muñoz, profesor titular de Farmacología y vicerrector de Investigación y Ciencia, califica esta recomendación como «bastante adecuada«. «En muchas ocasiones, los agentes analgésicos son consumidos de una forma excesiva y algunos de ellos, como precisamente la codeína y el ibuprofeno, son considerados como fármacos inocuos que apenas generan problemas de seguridad», opina.

Estos fármacos combinan un opioide (codeína) y un antiinflamatorio (ibuprofeno), y se usan para tratar el dolor, pero el PRAC señala que su uso repetido puede provocar adicción y abuso debido al componente de codeína.

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La llaman TUR o Tarifa de Último Recurso, aunque poco tiene que ver con el nombre ya que no se trata de una tarifa solo para consumidores vulnerables, sino que es de acceso a todos los ciudadanos.

Concretamente, es para todos los que consuman menos de 50.000 kilovatios hora anuales para calentar su casa. Es decir, prácticamente todos los hogares españoles con gas natural -por lo que quedan excluidas las comunidades de vecinos con calefacción centralizada-.

Como indica Marcial González, investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, es una tarifa que tiene unas condiciones reguladas, «fijadas por el Estado», y que solo puede contratarse a través de ciertas comercializadoras. Además, no tiene permanencia y los precios cambian cada tres meses.

En España, un millón y medio de hogares están acogidos a esta tarifa, aunque podrían beneficiarse de ella más de seis millones.
Y es que todos esos ciudadanos que tienen el gas contratado con la TUR están pagando hoy casi la mitad que los del mercado abierto.

Hay una razón. El Gobierno está interviniendo los precios, limitando la subida de la tarifa regulada del gas natural y haciendo que los precios sean más competitivos.

¿Y esto cómo podría afectar a tu hogar? Pues ponemos el ejemplo de un hogar medio que consume 6.000 kilovatios hora anuales. Bajo la TUR, estaría pagando hoy 517 euros. Bajo la tarifa de mercado abierto más barata, casi el doble.

Así, pasarse a la Tarifa de Último Recurso puede suponer una apuesta ventajosa y de ahorro para esta situación inflacionista de los precios del gas. Vigente, por el momento, hasta que acabe el año. En cambio, para quienes buscan una estabilidad a largo plazo, mejor recurrir al mercado libre.

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El Sol emitió una fuerte llamarada solar el pasado dos de octubre, alcanzando su punto máximo a las 20:25 UTC.

El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA capturó una imagen del evento. La llamarada solar se puede ver en el destello brillante en la parte superior derecha de la instantánea, que muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente en las llamaradas y que es coloreado en naranja, informa la NASA.

 

Las llamaradas solares son poderosas explosiones de energía y tanto estas como las erupciones pueden afectar a las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y presentar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Desde el SDO explican que la radiación dañina de una llamarada no puede pasar a través de la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en el suelo. Sin embargo, cuando es lo suficientemente intensa, puede perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales de GPS y comunicaciones

Esta llamarada ha sido clasificada como una llamarada X1. La clase X denota los destellos más intensos, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza.

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Seis de cada diez euros de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 estarán destinados al gasto social, pero si hay una partida que se ha ganado el foco mediático es la destinada a Defensa: el gasto militar se disparará un 25,8% con respecto a las Cuentas de este año. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, una guerra que va camino de los ocho meses, así como el incremento de las tensiones en el Pacífico han provocado una nueva ola de inversión militarista de la que España, que acogió la cumbre de la OTAN el pasado junio, no ha sido ajena. Pero las nuevas formas de hacer la guerra, la conocida como «guerra híbrida», han abierto nuevos horizontes en el gasto en defensa. El gasto militar ya no son solo soldados, armas y carros de combate.

[[READ:¿Quieres saber más?|||Son]]

El contexto. Pedro Sánchez se comprometió a cumplir los acuerdos de la OTAN, que mandatan una inversión del 2% del PIB en gasto en Defensa. El objetivo: hacerlo de cara a 2029, con una senda de crecimiento iniciada ya en 2023. Sin embargo, la mayoría de partidos de izquierda -y socios potenciales para sacar adelante los PGE- no tienen claro que la escalada militar sea una prioridad.

¿Qué dicen las partes? El PSOE argumenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió expresamente a hacer este incremento a raíz del conflicto en Ucrania. El mismo Sánchez que lo rechazó ante las exigencias de Trump en 2018.

• Desde Unidas Podemos -muy críticos con el devenir de la guerra, que llevan meses reclamando una salida dialogada- pusieron como línea roja que el aumento en Defensa no se hiciera a costa de partidas sociales. Este fue el acuerdo al que llegaron Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque desde las filas moradas han llegado críticas al conocerse la cifra final.

• Otros socios del bloque de la investidura, como ERC o Más País, miran con recelo este incremento de la inversión. El republicano Gabriel Rufián, que advirtió de que el voto de su formación «se suda», lo ha calificado de «debate falaz» en tanto que Defensa «oculta desde hace 40 años muchísimas partidas en muchos ministerios» y que en estos momentos «casi, casi alcanza lo que exige la OTAN». Por su parte, Íñigo Errejón cree que «no tiene sentido» pero no pone en peligro los PGE.

• Desde el PP no han entrado en el gasto en Defensa, más allá de calificar como «antisociales» las Cuentas. Pero en junio, tras la cumbre de la OTAN, se mostraron a favor de incrementar progresivamente el presupuesto hasta el 2% del PIB.

¿Cómo me afecta? Gran parte del incremento en presupuesto estará destinado a actualizar las nóminas del personal castrense. En concreto, esa es la parte incluida en el llamado ‘techo de gasto‘, una partida que recibe un incremento (6,5%) inferior al de otros ministerios, como el de Derechos Sociales (18%) o el de Igualdad (14%).

• Ahora bien, el grueso de la inversión está enfocado en los «programas de modernización» de las Fuerzas Armadas, que incluyen contratos con empresas de la industria de la defensa como Indra y Navantia para mejorar en la tecnología militar.

• La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 23.000 los potenciales puestos de trabajo que se crearán con esta inversión de 4.900 millones.

Lee entre líneas. La política de Defensa siempre ha sido una de las patatas calientes del Ejecutivo. No solo por el enfrentamiento entre la titular del departamento, Margarita Robles, con ministros de Podemos como Ione Belarra. Sino por la postura antimilitarista de la coalición morada.

• Este aumento del gasto se enmarca en una ola militarista frente a la invasión rusa de Ucrania con el objetivo de disuadir a Vladímir Putin de una escalada del conflicto. Sin embargo, sonadas fueron las palabras de Pedro Sánchez en una entrevista mucho antes de llegar a La Moncloa, cuando aseguraba que si sobraba un Ministerio era el de Defensa.

Que no te la cuelen. Y si hay resistencias, ¿cómo ha conseguido Hacienda sacar adelante el presupuesto en Defensa? El truco reside en el llamado ‘techo de gasto’, el límite del gasto no financiero que contemplan los presupuestos.

• La inversión en Defensa incluida aquí corresponde a los gastos de personal y sube un 6,5%. El grueso restante viene en programas que no cuentan como gasto no financiero. Esto implica que subirlo más a Defensa no implicaría recortar de otras partidas sociales, como reclamaba el Gobierno.

• El techo de gasto de estas Cuentas es el más abultado de la historia e incluye medidas sociales como cheques mensuales a las familias con menores de 0 a 3 años, nuevos permisos familiares o la gratuidad de los trenes de Cercanías durante todo el año. Todo gracias a un mecanismo contable.

¿Aún quieres saber más? Las cuentas de 2023 consignan un gasto no financiero de 248.211 millones, un 2,7% más -en parte por la incorporación de 25.156 millones de fondos europeos-, y una previsión de ingresos récord. Aquí tienes las cifras de los nuevos presupuestos.

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