En total son 10.614 personas a las que, tras entrevistas con ambas partes y revisión de la documentación, une una relación laboral y, por tanto, deberían estar contratadas por la compañía en lugar de dados de alta como autónomos.
En Barcelona se ha constatado que al menos 8.331 trabajadores están en esa situación, en la que la empresa no es una mera intermediaria sino que presta servicios de reparto y mensajería, con los trabajadores en situación de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral. Así, multa a la compañía con 39 millones de euros por no darles de alta en la Seguridad Social y otros 24 millones por la falta de cotización de estos trabajadores.
En Valencia, la Inspección de Trabajo ha encontrado a 2.283 personas en esa situación, multando con 10,7 millones a la compañía por incumplir la ley más 5 millones adicionales por las cotizaciones perdidas de esos trabajadores.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que lo sucedido es «gravísimo» y ha acusado a Glovo de obstruir la labor de la Inspección.
«Las empresas tienen que cumplir la ley», ha dicho a la entrada a la sesión de control en el Congreso. «El peso de la ley va a caer sobre esta empresa como ya ha caído con la inspección», ha aseverado.
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