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La NASA ha anunciado este viernes que la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, marcando el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo, según ha informado la agencia espacial en un video publicado hoy. La misión representa un paso clave en los planes de Estados Unidos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación de Artemis II estará integrada por los astronautas de la NASA: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto, y Christina Koch, especialista de misión, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se desempeñará también como especialista de misión. Los cuatro viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán de manera segura a la Tierra. Será la primera vez que astronautas vuelen en el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en una misión tripulada, ambos de la NASA.

Durante el recorrido alrededor de la Luna, la tripulación tendrá como objetivo principal verificar que todos los sistemas de la nave funcionen según lo diseñado con humanos a bordo y en el entorno real del espacio profundo, una validación crítica para futuras misiones de exploración lunar. El programa Artemis busca establecer una presencia a largo plazo en la Luna con fines científicos y de exploración.

En septiembre pasado, los miembros de la tripulación de Artemis II anunciaron que la nave Orion llevará el nombre ‘Integrity’ (Integridad). A través del programa Artemis, la NASA planea enviar astronautas a explorar la Luna para impulsar el descubrimiento científico, generar beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, el próximo gran objetivo de la exploración espacial humana.

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España sufrió varios cambios en 1986. Uno de ellos fue la entrada del país en la Unión Europea, pero la adhesión estuvo acompañada de la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido, más conocido como el IVA.

Todos recuerdan los míticos sketches de Martes y 13, pero no tantos recuerdan que en su especial de Nochevieja tenían a su lado un cartel que avisaba de la llegada el IVA, ese que recibió cantando Concha Velasco.

Por entonces, era un impuesto completamente desconocido para la población. Uno que nuestro país incorporaba tras unirse a la Comunidad Económica Europea (actual UE).

Desde ese 1 de enero, hace exactamente 40 años, aparecería en todos nuestros tickets y facturas. Y quienes las hacían, tampoco lo tenían claro. «Por lo pronto es un lío, porque nadie nos ha informado bien«, decía una carnicera.

Un impuesto para grabar el consumo que reduciría la economía sumergida y que mejoraría la recaudación para el Estado de Bienestar que España empezaba a construir entonces.

En ese momento, ese IVA desconocido era del 12%. Un impuesto que con el paso de los años no solo se nos haría familiar, sino que también lo veríamos crecer.

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La brecha de lo que gastan unos ayuntamientos y otros en gasto social es brutal, es enorme. Un ejemplo: el de Isla Cristina, en Huelva, gasta más de 400 euros, frente al de Galapagar, en Madrid, donde es de poco más de 30. Y es que justo en Madrid están el 40% de los ayuntamientos con menos inversión social.

Isla Cristina es el municipio que más invierte en gasto social por habitante. «Es maravillo que tengamos ese ranking y que podamos con ese dinero intentar que la gente de Isla Cristina tenga igualdad de oportunidad, que es lo que se busca», declara a laSexta el alcalde Jenaro Orta.

Este municipio de Huelva destina más de 400 euros por persona. «No es exclusivamente un tema de ayudas sociales, es un tema de trabajo, de buscar recursos para el arreglo de viviendas, tenemos también con la Junta de Andalucía y con el Ministerio un tema que estamos dinamizando una barriada para buscar y poner a la gente en marcha con temas de trabajo», ha explicado Orta.

No es el único municipio andaluz que tiene esta prioridad, el ranking lo encabezan seis ayuntamientos andaluces. En el otro lado, el farolillo rojo es Galapagar, pero son muchos municipios madrileños los que ocupan los últimos puestos.

«El 40% de los ayuntamientos que son calificados como pobres en servicios sociales invierten menos del 60% de la mediana estatal se encuentra en la Comunidad de Madrid. Es la comunidad que menos invierte y menos transfiere para los servicios sociales municipales», ha explicado José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Desde la asociación insisten en la importancia de este recurso, ya que aseguran que seis millones de personas al año acuden a servicios sociales.

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Hasta la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) -o más concretamente, de ChatGPT– Google era nuestro único y gran aliado para responder a las grandes preguntas que nos inquietan, nos atormentan, a quienes habitamos en España.

Y aún lo sigue siendo: aunque con la IA conversamos sobre dudas y le pedimos consejos, para esas dudas rápidas o para encontrar el contenido que queremos en cuestión de segundos, seguimos acudiendo a Google.

El gran motor de búsqueda de la era digital sigue ofreciéndonos respuestas y su algoritmo recopila, uno a uno, nuestros principales temas de interés. Cada vez que llega el final de año, nos muestra lo que dicen sus datos recopilados sobre nosotros: los acontecimientos y personas que más nos han marcado durante el último año, así como aquello que quisimos aprender a hacer o saber cómo funciona.

Desde música, estilo de vida, deportes o noticias, la lista de Top Tendencias 2025 de Google representa «un escenario de gran actividad informativa y nuevas formas de búsqueda, donde conviven el interés por los grandes fenómenos globales con la búsqueda de soluciones creativas para la vida cotidiana», indican desde Google.

Lo que más hemos buscado en España en 2025

La inmediatez de esta era digital, el caos de la sobreinformación también ha impactado en la actualidad informativa. En un año en el que parece haber pasado de todo (y todo por sorpresa), con nuevos efectos climáticos jamás vividos hasta ahora, en días en los que España se apagaba o esperábamos el nombramiento del nuevo Papa, hemos generado la necesidad de saber la última hora al instante.

El problema de la vivienda en España es de tal magnitud que está comenzando a repercutir en el mercado a laboral. En capitales de provincia como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, donde la situación es tensionada, comienza a ser muy complicado para las empresas cubrir sus vacantes porque cada vez son más los trabajadores que no están dispuestos a mudarse, aunque el trabajo sea mejor, por no pagar un precio excesivo por su residencia.

Este es el caso de Javier, que es ingeniero eléctrico y habita en Valencia, ha recibido una oferta para trabajar en Madrid, pero ha hecho números y el alquiler supondría aproximadamente un 50% de su sueldo. «Me lo he planteado porque las ofertas son buenas, pero en cuanto te pones a mirar alquiler o vivienda, pues imposible», ha explicado, al tiempo que ha manifestado que si quieres «ahorrar para una vivienda, poder hacer la compra diariamente, permitirse socializar lo mínimo, un viaje… no se puede todo».

Asimismo, este problema también lo sufren las empresas que cada vez tienen más difícil encontrar candidatos para cubrir sus vacantes, sobre todo en ciudades tensionadas como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Sevilla. «Para nosotros es un hándicap muy grande porque la empresa no puede ofrecer más y el candidato no está dispuesto a llevarse ese porcentaje de su salario para ir a trabajar en un lugar que le han ofrecido», ha señalado David Boixader, ceo de Etalentum.

Ante este escenario, algunas compañías han decidido ofrecer, aparte del salario base, una vivienda para que el empleado pueda aceptar el nuevo puesto de trabajo. «Pese a esto, tenemos dificultades para cubrir las posiciones», ha remarcado la técnica de selección de personal del Grupo Eulen Paula Hernández, que ha manifestado que muchas personas con «45 o 50 años, no se ven compartiendo piso con tres personas, aunque trabajen en el mismo sitio».

Con todo, esta situación pone de manifiesto que, a pocas horas para que acabe 2025, ya no basta con una oferta laboral sólida, sino que hay que dar con una vivienda disponible a un coste adecuado.

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a siete empresas multinacionales la retirada de más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos ubicados en los territorios palestinos ocupados por Israel, al considerar que este tipo de publicidad «contribuye a la normalización y perpetuación de un régimen colonial ilegal según el derecho internacional».

El departamento que dirige Pablo Bustinduy fundamenta su actuación en el artículo 4 del Real Decreto Ley aprobado recientemente con medidas de apoyo a la población palestina y de prevención del genocidio en Gaza. Este texto prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, una categoría en la que el Gobierno incluye la actividad turística.

Según ha informado el propio Ejecutivo, ya se ha remitido un primer requerimiento a las plataformas digitales implicadas para que retiren «de forma inmediata» un total de 138 anuncios o bloqueen su visualización en España. En caso contrario, advierte el Ministerio, podrían iniciarse «actuaciones posteriores», aunque por el momento no se han concretado ni las posibles sanciones ni la identidad de las empresas investigadas.

La explotación económica de zonas ocupadas, especialmente a través de los asentamientos israelíes en Cisjordania, es desde hace años objeto de debate político y social. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas y diversas ONG publican de forma periódica informes en los que identifican a empresas extranjeras que se beneficiarían directa o indirectamente de la ocupación de los territorios palestinos.

En Cisjordania residen actualmente cerca de tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes, en un contexto de creciente tensión política. La soberanía de este territorio ha sido cuestionada en los últimos meses por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras aumenta la preocupación internacional por la expansión del control israelí sobre estas zonas.

La Haya respalda la medida

Esa inquietud se ha visto reforzada por dictámenes como el emitido en julio del año pasado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En una resolución de carácter consultivo, el tribunal concluyó que las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado generan consecuencias jurídicas para el conjunto de la comunidad internacional, cuyos Estados están obligados a adoptar medidas para evitar relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de una situación considerada ilegal.

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Que cada vez invirtamos más en pensiones una «muy buena noticia» para algunos, mientras que otros consideran que no lo es tanto. Y es que hay quien cree que subirlas es un gasto abrumador: «Casi la mitad del plan de gasto se va directo para pensiones», critica un joven, mientras que otra declara que es «pan para hoy y hambre para mañana».

Sin embargo, muchos otros consideran el tener pensiones acordes al coste de la vida algo fundamental. «Es que es vital y de justicia, sobre todo, la gente que tiene las pensiones más bajas», defiende una mujer en la calle al preguntarle al respecto.

España ha batido récord de inversión este año, con 189.000 millones para las pensiones contributivas, un 16% más que el año pasado, para que aunque el número de pensionistas aumente de un año a otro, todos puedan tener pensiones un poco más altas, acordes al precio de la vida.

Y aunque a algunos de los que tienen las pensiones más altas les puede parecer demasiado, a la mayoría les parece más bien poco. El que cobre la pensión media por jubilación verá 60 euros más en su cuenta al mes.

Los que más lo notan son los que más lo necesitan, aquellos que reciben las pensiones mínimas, esas que no llegan a los 1.000 euros al mes. Por ello, esta subida pretende evitar que nuestros mayores sufran precariedad ante el coste de la vida.

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Los perceptores de la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF, según recoge un Real Decreto-ley ‘ómnibus’ publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se admite que tal exigencia «excede la intención de la norma», por lo que «resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo».

El pasado mes de marzo, el Ejecutivo ya decidió no obligar a los perceptores de la prestación por desempleo a presentar la declaración del IRPF correspondiente al año 2024, que se tenía que presentar este año, aplazando así esta exigencia para 2026.

Sin embargo, según recoge el BOE, con el fin de evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, se considera necesaria «la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF».

En este sentido, se considera que su alcance actual no supone solo una obligación formal y «excede la intención de la norma», que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.

Por otra parte, se aprecia que mantener esta obligación conlleva aumentar considerablemente las cargas administrativas en contra de aproximadamente dos millones y medio de personas nuevas que acceden a la prestación por desempleo, a lo que hay que añadir lo que supondría para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tener que gestionar este volumen de declaraciones adicionales.

Asimismo, el Gobierno apunta que esta nueva obligación de presentar la declaración incluyó a más de 2,5 millones de contribuyentes como nuevos obligados a declarar el IRPF, de los que el 75% obtienen rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros, por lo que la extensión de la obligación de presentar declaración por IRPF no supone solo una obligación formal, sino que además implica que muchos de estos contribuyentes tengan obligación de autoliquidar e ingresar una cuota tributaria a la que no estarían obligados de acuerdo con la normativa estrictamente tributaria.

Adicionalmente, señala que el establecimiento de esta obligación puede suponer la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente, por lo que considera que «todo lo anterior justifica la necesidad de suprimirla de forma inmediata«.

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La capa de ozono se está recuperando. Sin embargo, hace años la preocupación era máxima, ya que su destrucción avanzaba a gran velocidad. La comunidad científica llegó a alertar de que, si continuaba ese deterioro, la vida en la Tierra estaría en peligro.

El agujero de la capa de ozono permite el paso de los rayos ultravioleta, que son perjudiciales para los seres humanos y otros seres vivos. Detrás de este problema estaban algunos compuestos químicos presentes en aerosoles y otros productos, que permanecían durante años en la atmósfera y dañaban el ozono

Gran parte de esta mejora se debe al Protocolo de Montreal de 1987, un acuerdo internacional que estableció la eliminación de las sustancias que dañan la capa de ozono. Gracias a este pacto, se ha eliminado de forma gradual el 99 % de los compuestos responsables de su deterioro.

Este 2025 ha sido el primer año en el que el agujero de ozono se ha cerrado con mayor rapidez, registrando el cierre más temprano desde 2019. Además, ha sido relativamente pequeño por segundo año consecutivo, sobre todo si se compara con los agujeros más grandes y persistentes observados entre 2020 y 2023.

El agujero alcanzó su tamaño máximo en septiembre, con una extensión de hasta 20 millones de kilómetros cuadrados, y se mantuvo así hasta octubre.

En la actualidad, la capa de ozono sigue en proceso de recuperación. Aunque el agujero continúa apareciendo cada año, su impacto es mucho menor que en los años noventa y a principios de los 2000.

Los científicos estiman que, en gran parte del mundo, la capa de ozono podría recuperarse por completo hacia mediados de este siglo. En el caso de la Antártida, la recuperación total llevará algo más de tiempo y se espera que se complete en torno a 2066, aunque los resultados actuales confirman que el camino es el correcto.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), destinada a la renovación de parques eólicos antiguos y a la modernización de instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW). La línea de ayudas cuenta con una dotación de 292 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El plazo para presentar solicitudes estará abierto entre el 15 de enero y el 24 de febrero. Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el objetivo de esta convocatoria es mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del parque eólico español, así como impulsar la actualización tecnológica de un número significativo de centrales hidroeléctricas. El programa da continuidad a la primera edición, que contó con un presupuesto de 222,5 millones de euros.

Las ayudas permitirán sustituir aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación y acometer mejoras tecnológicas y ambientales en centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW. En ambos tipos de proyectos se incluye como actuación subvencionable el almacenamiento energético hibridado.

El Ejecutivo estima que esta convocatoria permitirá repotenciar al menos 750 MW de potencia eólica, modernizar unos 115 MW de capacidad hidroeléctrica e incorporar alrededor de 130 megavatios hora (MWh) de almacenamiento.

Además del incremento presupuestario, la nueva convocatoria introduce cambios relevantes. Entre ellos, la flexibilización de las condiciones para fomentar la incorporación de sistemas de almacenamiento hibridado tanto en proyectos eólicos como hidroeléctricos y, en el caso de estas últimas instalaciones, la ampliación del umbral de potencia subvencionable, que pasa de 10 a 50 MW.

La mayor parte de las ayudas, para la eólica

Del presupuesto total, 252 millones de euros se destinarán a la repotenciación de parques eólicos y 40 millones a la modernización de plantas hidroeléctricas, con la posibilidad de reasignar fondos entre ambos programas si fuera necesario.

A diferencia de la primera edición, esta convocatoria no contempla ayudas para proyectos de reciclaje de palas eólicas. El IDAE ha excluido esta tipología al haber puesto en marcha un programa específico para el impulso de la economía circular en bienes de equipo para energías renovables, denominado Renocicla, dotado con 100 millones de euros y cuyo plazo de solicitudes finalizó a mediados de septiembre.

La convocatoria será gestionada por el IDAE en régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos deberán cumplir el principio europeo de «no causar un daño significativo» al medioambiente (DNSH). En su evaluación se valorarán, entre otros aspectos, la reducción de la ayuda solicitada, la viabilidad administrativa, el grado de innovación, la contribución al sistema eléctrico, la ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico y el refuerzo de la cadena de valor nacional y europea.

Las actuaciones subvencionadas deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, conforme a la normativa europea vigente.

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