La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propondrá a los partidos la creación de un fondo que compense a los ayuntamientos sin remanentes o que se encuentren en crisis por la caída de ingresos y ha avanzado que los entes locales tendrán unas entregas a cuenta para 2020 actualizadas al crecimiento del 1,6% del PIB, igual que se hizo con las comunidades autónomas.
«Tendrán que contar con un fondo que les permita compensar esa caída de ingresos, que permita incorporar las ayudas al transporte y que permita actualizar las entregas a cuenta de los ayuntamientos como hicimos con las comunidades autónomas», ha dicho Montero en una entrevista con la Agencia EFE en la que ha confiado en que pueda cerrar con los grupos políticos una propuesta «en los próximos días».
Con este fondo se pretendería también «paliar (la caída de) algunos de los tributos vinculados a la actividad económica que ahora los ayuntamientos están sufriendo», ha reiterado.
La ministra ha señalado que hay que trabajar sobre la parte del decreto ley que fue rechazado en septiembre por el Congreso y que incluía un fondo de 5.000 millones de euros para distribuir entre los ayuntamientos, que ahora habrá que «modular» toda vez que las corporaciones locales podrán utilizar sin límite sus remanentes este año y el que viene, al cancelarse las reglas fiscales.
Montero ha explicado que ya no tiene sentido que de los 5.000 millones, el 60% se reparta por población y el 40% para los ayuntamientos con superávit, ya que «ahora es evidente que los remanentes están liberados». «Tendremos que recuperar el otro porcentaje que permita que a los ayuntamientos que más falta les hace, que son los que tienen menos remanentes, les llegue un volumen de recursos razonable para que sus cuentas públicas puedan estar mínimamente razonables de aquí al año que viene», ha incidido.
Además, ha señalado que la actualización de entregas a cuenta de 2020 a las entidades locales será conforme al crecimiento previsto de la economía antes de la pandemia, del 1,6 %.
La ministra ha insistido en que el Gobierno atenderá la financiación de ayuntamientos y Comunidades Autónomas ante la crisis económica que ha dejado el COVID-19, ya sea vía ingresos fiscales o bien vía déficit o transferencias directas.
En este sentido, Hacienda permitirá una mayor capacidad de endeudamiento para todas las administraciones al establecer una referencia de déficit público para 2020 mayor del 10,34% del PIB que comunicó en abril a Bruselas, aunque inmediatamente después puntualiza que la «tasa» que establecerá para 2021 contemplará una «bajada intensa».
Con la suspensión de las reglas fiscales, la nueva referencia de déficit «es una tasa, una previsión, no es un objetivo exigible y no activaría la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria cuando una comunidad se desvía», ha explicado tras recordar que con esta referencia las administraciones podrán confeccionar sus Presupuestos. En cualquier caso, la ministra insta a las corporaciones locales y autonómicas a utilizar sus recursos de forma «responsable y organizada».
«Yo creo que todos los Gobiernos estamos trabajando en esa prudencia«, ha añadido. También recomienda mirar con cautela las nuevas previsiones del cuadro macroeconómico 2020-2021 que se publicará junto con el techo de gasto, ya que dependen tanto de un tratamiento o vacuna para la COVID-19 como de que no haya un rebrote generalizado en todo el territorio nacional.
La ministra insiste en que el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2021 será «inédito», ya que incorporará la primera anualidad de los fondos europeos de recuperación por una cuantía que podría rondar los 20.000 millones de euros, y que tiene que estar acompasada a la capacidad de ejecutar los proyectos.
Los distintos ministerios trabajan actualmente para delimitar «la capacidad de absorción de los fondos, porque tan importante es presupuestar una cantidad adecuada como que finalmente se ejecute aquello que se presupuesta».
Las inversiones ligadas a estos fondos tienen que ser una «palanca» para el crecimiento económico y contribuir a que «las grandes transformaciones de país que probablemente hubiéramos podido hacer en una década lo podamos hacer en los próximos tres años», añade
