CEOE, UGT y Comisiones Obreras abordan la subida de las rentas suelo solo cuatro meses después de la anterior. En septiembre el Gobierno, de la mano de los sindicatos, sumó 15 euros al SMI, hasta los 965 euros y después de que permaneciera buena parte del año congelado. En aquel momento la patronal decidió descolgarse del acuerdo, asegurando que no era el momento apropiado para incrementarlo. Una postura que mantiene también de cara a 2022.
Pero el ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz coincide con los sindicatos en que es momento de subir estas rentas, más con la acusada inflación que están experimentando los precios. Así, la cifra que se plantea es que este año el SMI alcance los 1.000 euros, una cifra redonda y situándolo a punto de llegar al 60% del salario medio en nuestro país –alrededor de 1.060 euros–, uno de los compromisos de investidura del Ejecutivo.
En este sentido, desde el Ejecutivo –y más concretamente desde el ala morada que dirige Díaz– esgrimen el informe del grupo de expertos presentado el pasado junio en el que se diseñó una subida con tres escenarios, bajo, intermedio y alto. El Gobierno optó en septiembre por la vía media y podría volver a optar por ello en esta ocasión, sumando 35 euros.
Después de conseguir tejer un acuerdo a tres en la reforma laboral, la batalla del salario mínimo se antoja complicada. La patronal insiste en que las compañías siguen en proceso de recuperación tras el mazazo económico de la pandemia, por lo que no es el momento de aumentar los costes laborales. Pero los sindicatos y el Gobierno creen que la recuperación económica es un hecho y que el buen comportamiento del mercado de trabajo demuestra que subirlo no afecta a la creación de empleo.
En el gráfico bajo estas líneas se puede comprobar el histórico de los últimos veinte años de subidas de SMI con la ocupación en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El objetivo de Díaz es que la subida salga con el concurso de todos los implicados, al igual que la reforma laboral. Un aliciente para la patronal es conseguir que sus intereses no se vean menoscabados por el acuerdo entre Gobierno y sindicatos y que el alza sea superior a lo que les gustaría. Pero la posición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es complicada después de dar el visto bueno a la reforma que, si bien consolida parte de las normas laborales elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, recupera la ultraactividad de los convenios y algunos temas clave que debilitan la posición de los empresarios.
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