El Gobierno lleva este viernes la ampliación de los ERTE a un Consejo de Ministros extraordinario, que deberá dar luz verde al acuerdo suscrito el jueves entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos, por el que los expedientes de regulación temporal de empleo se amplían tres meses más, hasta el 30 de septiembre.
A tan solo unos días de que finalice la anterior prórroga -prevista hasta el 30 de junio- el Ejecutivo y los agentes sociales alcanzaron ayer un pacto por el que se mejoran las exoneraciones fiscales por ir sacando a trabajadores del ERTE y se mantienen los ERTE por fuerza mayor total, además de prever la posibilidad de acogerse a este tipo de expedientes en caso de rebrote de la pandemia de coronavirus.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asimismo detalló que para las empresas en ERTE seguirá prohibido despedir a los empleados, operar en paraísos fiscales y repartir dividendos. Tampoco podrán hacer horas extras, ni, en general, nuevas contrataciones ni subcontrataciones.
El consenso con los agentes sociales llegaba el jueves tras varias semanas de intensas negociaciones, con reuniones de varias horas que hasta ahora habían concluido sin acuerdo, y el mismo día en que el Ejecutivo ha logrado otro pacto con las asociaciones de autónomos para ampliar a su vez las ayudas para este colectivo, también hasta el 30 de septiembre.
Preguntada sobre si habrá una nueva ampliación después de septiembre, Díaz indicó que «habrá que ver poco a poco«, conforme vaya evolucionando la economía. En cuanto al coste que supondrá esta extensión, la ministra dijo que la última nómina mensual supuso un coste de 5.200 millones de euros, pero destacó que, con cada vez menos trabajadores en ERTE, esta factura se irá reduciendo.
En este sentido, la ministra volvía a pedir «responsabilidad» a las empresas que se acogen a esta medida, a las que recordó que «el dinero de los ERTE es dinero público«.