Mes: diciembre 2024

La OCDE ha revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para España, en particular para este año hasta el 3 %, por encima incluso de lo que calcula el Gobierno, de forma que será la segunda más alta de todos los países miembros y superará claramente la media de la eurozona, que se situará en el 0,8 por ciento. En su informe semestral de Perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que la demanda interna será el factor que tire del carro de la economía española y eleva también sus predicciones de ese crecimiento para 2025 hasta el 2,3 %, al tiempo que calcula que en 2026 será del 2 %.

En su informe de mayo, la OCDE había estimado que la progresión del producto interior bruto (PIB) iba a ser del 1,8 % en 2024 y del 2 % en 2025, y ya había corregido en septiembre esas cifras para subirlas al 2,8 % y al 2,2 respectivamente. El conocido como el ‘club de los países desarrollados’ es más optimista para este año que el Gobierno español, que ha anticipado un incremento del PIB del 2,7 %, aunque en 2025 espera un 2,4 %. En realidad, la OCDE está alineada con las cifras del informe de las perspectivas de otoño de la Comisión Europea, con las que coincide tanto para este año como para el próximo.

Sobre sus razones, en primer lugar está el hecho de que la subida de la actividad en el tercer trimestre ha superado las expectativas gracias al consumo público y privado, de la mano de un aumento del empleo. La OCDE no cree que el paro vaya a descender tan rápido como supone el Ejecutivo (lo deja en el 10,5 % de media en 2026 y no en el 9,7 %), pero sí da por buenas sus anticipaciones sobre el déficit, que del 3 % del PIB este año debería reducirse al 2,5 % en 2025 y al 2,1 % en 2026.

Sobre esa cuestión, su mensaje es que resulta «crucial» la aplicación efectiva del plan de consolidación fiscal para cumplir con las reglas europeas, poner la deuda pública en una trayectoria descendente y liberar recursos para los futuros gastos prioritarios, en especial ante el envejecimiento demográfico. Para eso, sus recomendaciones son ampliar la base impositiva del IVA, más impuestos medioambientales y una mayor eficiencia del gasto público.

La OCDE se refiere a una de las paradojas del mercado laboral español, por las dificultades de muchas empresas para encontrar trabajadores con ciertas cualificaciones que conviven con un alto nivel de desempleo. Su receta, que además contribuirá a incrementar la productividad, es ajustar los programas educativos con las demandas de ese mercado laboral, lo que necesita una asistencia más efectiva en la búsqueda de empleo, con unas guías en la carrera, así como programas para aumentar o reajustar las cualificaciones.

Nueve de cada diez inquilinos en Madrid y Barcelona tienen contratos de alquiler temporales y a precio de mercado, una dinámica que les deja a merced de posibles variaciones especulativas y que genera inseguridad residencial. Así lo revela el nuevo informe ‘Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley’, publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y que arroja cómo las políticas públicas de alquiler han disparado la inseguridad residencial y la precariedad económica, especialmente en Madrid y Barcelona.

Una de las principales conclusiones del trabajo es que, desde la promulgación del Decreto Boyer en 1985, el primero que intentó acabar con los contratos de alquiler indefinidos al eliminar la prórroga forzosa y fijar una duración acordada entre propietario e inquilino, las reformas legislativas «han priorizado los beneficios inmobiliarios sobre la estabilidad de la población». «Esta ley, como la de 1994, se aprobó bajo la premisa de que los alquileres indefinidos reducían la oferta, pero esta siguió cayendo durante dos décadas (1985-2007). La tendencia solo cambió con el estallido de la burbuja hipotecaria», ha argumentado el instituto.

Por esta razón, ha alertado de que el número de viviendas en alquiler «no varía en función de si el contrato es temporal o indefinido», sino que el factor decisivo es «si la política pública prioriza la compra (como ocurrió entre 1957 y 2007)».

Una escalada de precios

Desde el IDRA aseguran que en los últimos años se ha producido una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, provocando una subida más veloz de los precios, ya que, por ejemplo, la regulación de alquileres catalana esquiva estos casos. Esta falta de límites ha permitido que la oferta de alquileres temporales se haya multiplicado por siete entre 2019 y 2023, pasando del 2 % al 14 %, de acuerdo con un estudio publicado por el centro de investigación de política económica de Esade, EsadeEcPol, el pasado 22 de noviembre.

Como resultado del aumento del precio, lamentan desde el IDRA, la mitad de los inquilinos «queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda (menos de 561 euros por unidad de consumo)», y dos tercios de los inquilinos «están destinando más ingresos de los recomendados».

De hecho, los datos del informe apuntan que el 69,7 % en Madrid y el 64,8 % en Barcelona destinan más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler y suministros y uno de cada tres hogares destina más del 50 % de sus ingresos al alquiler. El incremento de precios y de alquileres de temporada, a su vez, se traducen en un mayor número de mudanzas: más del 60 % de los inquilinos en Madrid y el 80 % en Barcelona se han mudado en los últimos cinco años.

Regular en favor del inquilino

Ante todo este escenario, el IDRA ha elaborado una serie de recomendaciones para que haya regulaciones en favor del inquilino, como adoptar una legislación similar a la de países como Francia y Alemania, con contratos renovables automáticamente, salvo en casos de necesidad por parte del casero o incumplimiento grave.

Los autores del informe también instan a ajustar los precios del alquiler a los ingresos reales de los hogares, con un índice de precios que incluya datos adicionales como el valor catastral, la renta familiar disponible y el desempleo en la zona, y que cuente con un régimen sancionador.

El IDRA fue creado en mayo del año pasado por un grupo de investigadores catalanes para elaborar estudios e investigar sobre la vivienda y las políticas públicas, la economía política y el urbanismo y la transición ecológica, y se financia con subvenciones de programas europeos de investigación.

Un estudio publicado en la revista científica ‘Nature Communications’ ha desvelado una alarmante previsión para el futuro del Ártico: el océano más septentrional del planeta podría experimentar su primer verano sin hielo marino en 2027. La investigación, liderada por las climatólogas Alexandra Jahn, de la Universidad de Boulder (EEUU), y Céline Heuzé, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), advierte que el ritmo del deshielo en el Ártico se está acelerando debido a la interacción entre el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos que están alterando drásticamente las condiciones de la región.

El equipo internacional de científicos utilizó más de 300 simulaciones por ordenador para modelar las condiciones del hielo marino en el Ártico, con el fin de predecir el momento en el que el océano podría quedar libre de hielo por completo durante el verano. Los resultados sugieren que, incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero permanecen estables, las condiciones climáticas actuales podrían desencadenar el primer verano sin hielo marino entre nueve y veinte años después de 2023, lo que situaría ese evento en un horizonte cercano: 2027.

El deshielo acelerado

La principal causa detrás de esta aceleración en el deshielo del Ártico radica en la combinación de fenómenos meteorológicos extremos, como otoños inusualmente cálidos, seguidos de inviernos y primaveras más cálidas de lo normal. Según los investigadores, estas condiciones generan un ciclo que debilita el hielo marino, impidiendo que se forme adecuadamente cada temporada. Cuando el Ártico experimenta este tipo de patrones climáticos durante varios años consecutivos, se pierde una gran cantidad de hielo marino, y la región puede quedar sin hielo de forma definitiva.

El estudio advierte que la pérdida de hielo marino podría ocurrir más rápidamente de lo esperado, con el umbral crítico establecido en un millón de kilómetros cuadrados de hielo. Cuando se alcanza este nivel, los científicos consideran que el Ártico se encuentra «libre de hielo». Actualmente, el hielo marino del Ártico sigue descendiendo de manera vertiginosa: en 2023, se alcanzó uno de los mínimos históricos de hielo marino, según datos del National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Si bien el mínimo de este año fue mayor que el registrado en 2012, cuando se alcanzaron los niveles más bajos, aún representa una disminución significativa en comparación con la cobertura media de hielo marino entre 1979 y 1992, que era de aproximadamente 6,85 millones de kilómetros cuadrados.

Un futuro incierto

El impacto de un Ártico sin hielo marino no solo afectaría a la región, sino que tendría consecuencias de gran alcance para la biosfera global. El hielo marino actúa como un reflejo del calor solar, ayudando a mantener la estabilidad climática del planeta. Cuando el hielo desaparece, el océano absorbente de calor aumenta las temperaturas en la región, lo que a su vez puede alterar los patrones meteorológicos y afectar el clima terrestre. Los cambios en la cobertura de hielo marino podrían influir en fenómenos como la subida del nivel del mar, la alteración de las corrientes oceánicas y el incremento de eventos climáticos extremos en diversas partes del mundo.

Aunque el primer día sin hielo marino no tendrá efectos inmediatos tan drásticos como otros cambios climáticos, representa una señal clara de que hemos alterado fundamentalmente una de las características más distintivas del entorno natural del Ártico. Como señala Alexandra Jahn en un comunicado, «el primer día sin hielo en el Ártico no cambiará las cosas radicalmente, pero demostrará que hemos alterado una de las características definitorias del entorno natural del Ártico, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero».

¿Hay esperanza?

A pesar de los preocupantes pronósticos, las investigadoras señalan que no todo está perdido. Según Jahn, cualquier reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero podría ayudar a ralentizar la desaparición del hielo marino y retrasar el día en que el Ártico quede libre de hielo. «Una disminución de las emisiones ayudaría a preservar el hielo marino y reduciría el tiempo que el océano permanece sin hielo», subraya. Sin embargo, para que estas medidas tengan un impacto significativo, es esencial un esfuerzo global coordinado para mitigar el calentamiento global y frenar el ritmo del deshielo.

El estudio se enmarca en una serie de informes recientes que alertan sobre el vertiginoso ritmo de cambio en el Ártico. De hecho, los datos del NSIDC revelaron en septiembre de este año que la cobertura de hielo marino en la región alcanzó uno de los niveles más bajos registrados desde 1978. Este patrón de pérdida acelerada del hielo marino sigue siendo uno de los indicadores más claros de los efectos del cambio climático en las regiones polares.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales entrará en vigor en 2025 aunque será un proceso legislativo que todavía tardará «en torno a cinco o seis meses».

«Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos e inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente. Por tanto, nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses», ha manifestado Díaz este lunes en una entrevista en ‘Hora 25’ de Cadena Ser.

Díaz ya dijo la semana pasada que llevará esta medida «con carácter inmediato» al Consejo de Ministros en cuanto cierre un acuerdo con CCOO y UGT defendiendo que es «el debate de la época» y en el que se «mejora la vida de la gente» y la «productividad».

Directiva ‘rider’

En otro punto, y en relación al cambio de modelo laboral en España anunciada por la compañía de ‘delivery’ Glovo este lunes que permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, la vicepresidenta ha detallado que desplegará en España lo que ha trabajado en Europa, la «directiva rider», consistente en regularizar a todos los empleados del sector.

Además, ha indicado que el Ministerio que lidera lanzará «auditorías algorítimicas en las empresas» que se basan en descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías que penalizan a trabajadores que, por ejemplo, se encuentran enfermos o se suman a una huelga.

«Muchos trabajadores tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo que los penaliza», ha señalado, insistiendo en que esos algoritmos «no son neutros».

Asimismo, la ministra ha dicho que se dará «formación algorítmica» en las empresas y, sobre todo, a los representantes sindicales como la semana pasada ya se hizo con las normas de emergencia climática y los llamados «permisos climáticos».

La plataforma de reparto Glovo incorporará por primera vez a los trabajadores en su plantilla en España, abandonando así su modelo de falsos autónomos por el que se regía hasta ahora y el que le ha acarreado numerosas multas de Inspección de Trabajo. En un comunicado, la compañía ha anunciado este lunes que abrirá «una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso».

Así lo ha señalado en una semana que será complicada para la empresa ya que su CEO, Oscar Pierre acudirá este martes a declarar a un juzgado como investigado. El fundador y director general de Glovo comparecerá ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según la Fiscalía, la empresa de Pierre «menoscaba y suprime los derechos de los trabajadores por cuenta ajena», vulnerando muchas áreas diferentes como el salario, las jornadas o la protección de la Seguridad Social.

Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso «en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y mercado principal. La tecnológica, que lleva años en el punto de mira por su utilización de la figura de los autónomos, ha señalado que la decisión de incorporar a los trabajadores a la plantilla es impulsada por «un nuevo modelo en España». Esto, añaden, permitirá la operativa con repartidores laborales. «Esta decisión y apuesta se produce como parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país», ha detallado.

Asimismo, ha destacado que el «cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación». «El nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país», ha explicado la compañía de ‘delivery’.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha sido muy crítica con el modus operandi de Glovo ha reaccionado al anuncio, incidiendo en que las «leyes están para cumplirlas«. «Lo hemos dicho: sin excepciones. Ninguna gran empresa está por encima de una ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor», ha escrito en su cuenta oficial de X.

La inflación se ha situado en el 2,4% en el mes de noviembre, según los datos de avance publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un aumento de 6 décimas respecto al mes de octubre debido a los efectos base producidos por los precios de la electricidad y los carburantes.

La media de la inflación en los últimos 12 meses se ha situado en el 2,8%, manteniendo la senda descendente respecto al pico alcanzado en 2022. En concreto, se ha reducido un punto respecto a la medida del pasado año y es casi tres veces inferior a la de 2022.

Esta reducción pone de manifiesto, según la valoración del ministerio de Economía, «la eficacia de las medidas de política económica puestas en marcha, que están permitiendo compatibilizar el mayor crecimiento entre las principales economías de la zona euro y seguir reduciendo la inflación de forma continuada».

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente -el índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- disminuyó una décima, hasta el 2,4 %. En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC se incrementó un 0,2% respecto al mes anterior, cuatro décimas menos de lo que aumentó en octubre.

El IPC armonizado escaló seis décimas en noviembre, hasta el 2,4%, y se mantuvo sin cambios en valores mensuales. El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 13 de diciembre.

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