Mes: noviembre 2024

Yolanda Díaz defiende la necesidad DE reducir legalmente la jornada laboral para establecer un «suelo de mínimos» que llegue a todos los sectores, después de que la patronal esgrimiera esta semana que se trata de una «materia propia de los convenios colectivos» y que modificarla por ley supone una intromisión en la negociación colectiva. Un argumento que la vicepresidenta segunda del Gobierno ha rechazado de plano, aseverando que «el debate negociación colectiva-ley no es real».

Así se ha pronunciado este jueves durante un acto de Comisiones Obreras, en el que la también ministra de Trabajo se ha referido al rechazo de la CEOE y CEPYME a su propuesta de reducir la jornada máxima legal de 40 horas semanales a las 37,5 en 2025.

«La patronal española da un paso atrás, rebobina y nos viene a decir que por negociación colectiva y no por ley», ha indicado Díaz, que ha defendido que la Constitución faculta a los poderes públicos para limitar el tiempo de trabajo y que en esta materia «la presencia de la ley resulta absolutamente oportuna, adecuada, necesaria».

En este sentido, ha argumentado que reducir legalmente la jornada es «una medida que complementa la negociación colectiva» después de «40 años de congelación de la reducción de la jornada laboral», en los que esta «no ha conseguido trasladar las mejoras de la productividad en los últimos años a una reducción de la jornada generalizada».

Así, ha asegurado que el Gobierno está «muy a favor de la negociación colectiva», pero también de «un suelo mínimo, porque durante 40 años de negociación colectiva seguimos con prácticamente la misma jornada laboral». «Para llegar a los lugares en los que no se ha reducido la jornada laboral y que la ley opere como un suelo de mínimos necesitamos modificar el artículo 34 [del Estatuto de los Trabajadores] y operar ahí», ha insistido.

De este modo, la titular de Trabajo ha insistido en que el discurso esgrimido por la patronal «no es real», sino «una excusatio sobre por qué no se quiere tomar una de las medidas más necesarias hoy para la salud laboral, para mejorar la productividad, para mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país» y también «la salud de las empresas».

«El debate sobre negociación colectiva-ley no es real«, ha aseverado, insistiendo en que «para ese suelo de mínimos necesitamos la ley«, además de la negociación colectiva. Aunque algunas empresas ya recojan una menor jornada laboral, ha añadido, «lo que vamos a hacer ahora es decirle a los españoles y las españolas que lo vamos a generalizar y que no va a haber trabajadores de primera y otros de segunda«.

La economía española ha registrado en el tercer trimestre del año un crecimiento del 0,8%, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y a pesar de la contribución negativa del sector exterior por el aumento de las importaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este miércoles el dato provisional del Producto Interior Bruto (PIB). Este crecimiento es idéntico al del trimestre anterior, en el que subió otro 0,8%.

De esta forma el crecimiento interanual se acelera hasta el 3,4%, dos décimas más que el trimestre anterior, la tasa más elevada en el último año y medio.

En el tercer trimestre del año, la demanda nacional aportó 2,7 puntos al crecimiento interanual del PIB, mientras que la demanda externa contribuyó con siete décimas. Por su parte, el crecimiento trimestral del PIB se fundamentó también sobre la demanda interna, cuya aportación fue de nueve décimas.

Frente al incremento del consumo de los hogares y de las Administraciones Públicas, la inversión retrocedió en el tercer trimestre un 0,9%, entrando en negativo tras tres trimestres de crecimientos, debido a la caída de la inversión en vivienda en un 1,7% respecto al trimestre previo.

En su valoración habitual, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa dirigido por Carlos Cuerpo ha destacado que este crecimiento viene también acompañado de la contención de la inflación, que en octubre bajó al 1,8%, y que la inflación subyacente se sitúa en el 2,5%, cercana al objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

«Los datos que hemos conocido hoy reflejan la fortaleza y crecimiento equilibrado de la economía española, que día tras día está siendo corroborados por los principales organismos nacionales e internacionales», ha expresado el ministerio.

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes 5 de noviembre, ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. En un comunicado remitido este martes y tal y como adelantó EFE, la CEOE informa de que «CEOE y CEPYME, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta» dirigida a reducir la jornada máxima legal desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas en 2025.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, había vuelto a hacer este martes un llamamiento a la patronal para que participara en lo que supondrá «un gran pacto de país» y le ha pedido que haga un ejercicio de pragmatismo. Parece, ha añadido, que está «más pegada a consideraciones políticas que a una representación eficaz de las empresas». «Me gustaría que se valorara el gran esfuerzo de negociación de Trabajo», ha insistido Pérez Rey. Trabajo ha insistido en que irá adelante con la reducción con acuerdo o no de la patronal.

Para los empresarios, «modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva». Dicha autonomía, añaden, está recogida en el artículo 37.1 de la Constitución, que dice que «la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios».

Por ello, la CEOE considera que la reducción de jornada debilita el marco de negociación colectiva «que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años». Asimismo, «aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia», apunta.

CEOE y CEPYME dejan claro que «difícilmente» aumentará la productividad con la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en un 98 % por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo.

Por otro lado, consideran que adoptar medidas como ésta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas. La reunión de este martes se ha centrado de forma prioritaria en cómo colaborar a través de las empresas y el diálogo social en el apoyo humano y económico a las víctimas de la DANA, añaden desde la CEOE.

El mercado laboral ha sumado 134.307 ocupados más en octubre, hasta los 21,33 millones de afiliados, gracias al tirón de la educación tras el arranque de todas las actividades académicas, mientras que el paro subió en 26.769 personas hasta los 2,6 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la educación sumó 166.642 afiliados en el mes mientras que la hostelería perdió 48.106 tras el fin de la temporada de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el grueso del aumento se da en el sector servicios con 22.332 desempleados más registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En términos interanuales, el paro ha descendido en 157.350 personas mientras que la afiliación ha sumado 514.856.

La Seguridad Social destaca que la subida de este mes es la mayor de la serie para un octubre, exceptuando la de 2021: el año pasado el avance de octubre fue de 92.861 afiliados mientras que en 2022 fue de 103.499. También señala que hay 67.772 afiliados más que en septiembre en términos desestacionalizados y que la afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,3 millones todos los días del mes salvo el último.

La evolución del empleo en octubre avanzó más entre las mujeres con 106.922 ocupadas más, hasta las 10,10 millones de afiliadas que representan el 47,4% del total de trabajadores, el mejor porcentaje de empleo femenino alcanzado nunca. En cuanto a los hombres, se sumaron 27.384 ocupados hasta los 11,2 millones.

Por actividades, junto al descenso en la hostelería, también cayó el empleo en 37.090 afiliados frente a septiembre en actividades sanitarias y servicios sociales. En cuanto a los autónomos, en el mes se sumaron 7.836 hasta los 3.384.917.

Evolución del paro

Por su parte, Trabajo destaca que se trata de la cifra de desempleo más baja para este mes desde el año 2007 y que el incremento es inferior a la media para octubre. Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en el sector de construcción en 1.676 personas y aumenta en el resto con 1.547 personas en la industria, 1.603 personas en agricultura y 2.963 en el colectivo sin empleo anterior además del citado descenso en servicios.

El desempleo femenino aumenta en 13.873 mujeres hasta los 1,56 millones, mientras que el desempleo masculino se sitúa en 1.034.443 al ascender en 12.896 personas respecto a septiembre. Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de octubre en 8.361 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades autónomas, el paro registrado aumenta en las 17 y las mayores subidas se dan en Andalucía (7.723), Castilla-La Mancha (3.859) y Cataluña (2.909). Por otro lado, el número total de contratos registrados durante el mes de octubre, un mes con más días laborales que en el correspondiente al año anterior ha aumentado y se ha situado en 1.527.007. De ellos, 664.195 contratos de trabajo fueron de carácter indefinido que representan el 43,5 % de todos los sellados.

Cepsa ha pasado a denominarse Moeve, un cambio de marca de la compañía que simboliza su apuesta por convertirse en uno de los referentes de la transición energética europea y dejar atrás su pasado más vinculado al petróleo.

Dentro de su estrategia ‘Positive Motion’ a 2030, este cambio también responde a su objetivo de acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante una inversión de hasta 8.000 millones de euros, de la que más del 60% se destinará a negocios sostenibles, como la producción de hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación (2G) y productos químicos sostenibles, así como la recarga eléctrica ultrarrápida.

El consejero delegado de la recién alumbrada Moeve, Maarten Wetselaar, consideró que «hoy es un día histórico para la familia de más de 11.000 profesionales que integran la compañía«.

«Pero también para nuestros clientes, socios, proveedores y resto de grupos de interés, a los que queremos aportar un impacto positivo. Me ilusiona comunicar el cambio de una gran marca, Cepsa, que ha estado con nosotros más de 90 años, para decirle al mundo que nos estamos transformando en otro tipo de organización, Moeve, en la que la mayor parte de su beneficio provendrá de actividades sostenibles a final de esta década», añadió al respecto.

Wetselaar subrayó que esta nueva marca refleja el «firme compromiso» del grupo por «ser referente de la transición energética en Europa, en especial en el campo de las moléculas verdes, como el hidrógeno verde y los biocombustibles 2G, y en el de la movilidad eléctrica ultrarrápida».

Surgida en 1929 con la fundación de la primera empresa petrolera privada del país, la Compañía Española de Petróleos, S.A (Cepsa), la energética con este cambio da un paso así decisivo para dar la espalda a esa unión tradicional con el petróleo.

«Hoy, sin embargo, el mundo necesita otro tipo de soluciones energéticas más sostenibles. Moeve nos permite afrontar el futuro con más certeza y confianza, manteniendo un claro compromiso con nuestros clientes: ampliar la oferta de soluciones energéticas sostenibles y asequibles, facilitando su descarbonización, y así avanzar juntos en la nueva transición energética para lograr un mundo mejor», afirmó el ejecutivo de la energética.

Ya en los últimos tiempos el grupo había ido dando pasos en este camino, como con la venta este año de sus activos de exploración y producción en Colombia y Perú, después de la desinversión realizada en Abu Dabi en 2023, lo que supone la venta de cerca del 70% de sus activos de producción de petróleo respecto a 2022. También anunció el pasado mes de agosto la venta de su filial de butano, propano y autogás (Gasib).

Giro estratégico

Desde el lanzamiento de su nueva estrategia en marzo de 2022, la compañía ha avanzado en un gran número de proyectos y ha desarrollado un ecosistema de alianzas con más de 60 compañías de varios sectores para impulsar las distintas cadenas de valor y la implementación de estos proyectos. Asimismo, la compañía está desarrollando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto presentado hasta la fecha en Europa, que en 2030 espera contar con una capacidad de 2.000 megavatios (MW).

Además, ha impulsado la creación del primer corredor marítimo entre los puertos de Algeciras y Huelva con el puerto de Róterdam para unir el sur y el norte de Europa y está trabajando en el desarrollo de nuevas plantas de metanol y amoniaco verdes junto con sus socios.

Igualmente, está desarrollando el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa, ubicado en Palos de la Frontera (Huelva), con una capacidad anual de producción de un millón de toneladas de combustible sostenible para la aviación -SAF- y diésel renovable -HVO-.

Actualmente, Moeve ya comercializa estos combustibles sostenibles en siete de los principales aeropuertos españoles y en más de 60 puertos del país en los que opera.

La energética también avanza con sus socios en el desarrollo de cerca de 30 plantas de biometano en España y proyectos para valorizar residuos para la producción de este biogás, sustituto del gas natural.

Asimismo, la red de estaciones de servicio de Moeve ya cuenta con más de 160 puntos de carga ultrarrápida operativos y espera terminar el año con 400 construidos, para el desarrollo de una de las mayores redes de recarga eléctrica ultrarrápida en el conjunto de España y Portugal.

Igulamente, la compañía está transformando su cartera de productos químicos hacia soluciones cada vez más sostenibles. En concreto, ya produce y comercializa LAB (base para la fabricación de detergentes biodegradables) y fenol a partir de materias primas y fuentes de energía renovables. Además, está construyendo en Huelva una planta de alcohol isopropílico (IPA), base para la fabricación de geles hidroalcohólicos, que será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir materias primas de origen fósil por materias sostenibles.

Estos avances acometidos han permitido también a la compañía posicionarse en los puestos de referencia de su sector en los principales rankings de sostenibilidad (ESG) a nivel internacional.

Por su parte, la fundación corporativa de la compañía, Fundación Moeve, continuará promoviendo iniciativas dirigidas a afrontar los desafíos de la transición ecológica y a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, centrándose en impulsar una transición justa e inclusiva, dentro de los ámbitos medioambiental, científico-educativo y social.

«Implementación progresiva de la nueva marca»

La empresa indicó que la nueva marca, desarrollada con la colaboración de la agencia Landor, refleja «movimiento, optimismo y evolución a través de diferentes colores, texturas y dimensiones, con un diseño pensado para el mundo digital».

El anuncio que ha tenido lugar hoy vendrá acompañado de la implantación progresiva de la nueva marca en todas sus estaciones de servicio, que arrancará en el mes de noviembre, a un ritmo de unas 600 estaciones al año, hasta llegar a las más de 1.800 que la compañía tiene en España y Portugal. Asimismo, la compañía lanzará en los próximos días una nueva campaña de publicidad a nivel global.

El Consejo de Administración de CaixaBank, reunido este miércoles, aceptó la renuncia de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la entidad, con efecto a partir del 1 de enero de 2025. A partir de esa fecha, Tomás Muniesa asumirá el puesto. Así lo ha notificado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este miércoles. De esta manera, Goirigolzarri se desvincula de forma voluntaria también de las responsabilidades que ocupaba en el grupo CaixaBank.

Muniesa que hasta principios del próximo año continuará al frente de la vicepresidencia de CaixaBank como hace desde abril de 2018, es consejero en representación de la Fundación ‘la Caixa’. Se trata de un directivo histórico de La Caixa, que es la primera accionista del banco, con un 31,7%, a través de Criteria Caixa, mientras que el segundo accionista es el FROB con un 18%.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un borrador sobre gobernanza de las entidades bajo su tutela en el que daba un nuevo impulso al modelo de estricta separación de los presidentes de bancos de las funciones ejecutivas, para centrarlas exclusivamente en las de tutela de los equipos directivos.

Este modelo de presidencias ejecutivas es una exclusiva española en la eurozona, ya que los tres grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, comparten la característica de que sus presidentes mantienen funciones de ese tipo. En esta línea, hace unos días el consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, aseguró respecto a la doctrina del BCE sobre las funciones de los presidentes de los bancos que «nosotros estamos en línea con lo que propugna el BCE. Por lo tanto, como accionista de CaixaBank, iremos en la misma línea del BCE».

Goirigolzarri llegó a presidencia de CaixaBank tras la absorción de Bankia por parte de la entidad catalana. Cuando se pactó la integración de ambas entidades, en 2020, se acordó que el expresidente de Bankia sería responsable de las áreas de secretaría del consejo, comunicación externa, relaciones institucionales y auditoría interna.

El euríbor sigue en caída libre y las personas que tengan una hipoteca de tipo variable siguen de enhorabuena. El índice de referencia para las hipotecas variables vuelve a caer en octubre, su octavo mes consecutivo, y cierra el mes en un valor medio del 2,691%, lo que supone la cifra más baja desde noviembre de 2022.

Con respecto al mes pasado, que cerró con una media del 2,9%, el euríbo cae 0,245 puntos porcentuales. Este valor es hasta 1,469 puntos menor que el anotado hace justo un año, en octubre de 2023: 4,160%.

De esta forma, las personas que tengan contratada una hipoteca de tipo variable y que tengan que hacer una revisión anual con el dato de este mes verán cómo su cuota se reduce entre 120 y 240 euros de media, la mayor rebaja desde diciembre de 2009, según el análisis del comparador hipotecario iAhorro. Por su parte, quien tenga que hacer la revisión semestral notará una rebaja menor, de entre 80 y 160 euros, calculan.

Un año desde el pico más alto del euríbor

La situación actual contrasta notablemente con la que se producía hace justo un año, cuando el euríbor registró su pico más reciente, con el dato más alto desde noviembre de 2009, señalan también desde el comparador. «Ha llegado ya la mejor temporada del año para pedir una hipoteca», afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, que agrega que «el euríbor podría terminar el año en torno al 2,3 o 2,2%». Otros expertos sitúan el cierre del año en torno al 2,5 % o 3 % a cierre de 2024.

El euríbor comenzó el año con una tasa del 3,609 %, en tanto que en febrero subió al 3,671 %; y en marzo, al 3,718 %. En abril inició una senda descendente que se mantiene. Ese mes cerró en el 3,703 %; en mayo, en el 3,680 %; en junio, en el 3,650 %; en julio, en el 3,526 %; en agosto, en el 3,166 %; y en septiembre, en el 2,936 %.

El indicador cae con fuerza después de que el Banco Central Europeo (BCE) recortara el pasado 17 de octubre los tipos de interés en 25 puntos básicos. Esta fue la segunda vez que el organismo optó por rebajar el precio del dinero de forma consecutiva, y la tercera vez en el año. En este contexto, los analistas esperan que el indicador siga su tendencia a la baja, aunque advierten de que dependerá del ritmo de los recortes de tipos de interés que acometa el BCE, las perspectivas de crecimiento de la zona euro y también de la evolución de la inflación.

Justo esta misma semana, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se mostró satisfecha con el descenso de los precios que ha experimentado la eurozona, pero instó a la cautela a la hora de recortar los tipos de interés. El BCE, según dijo, no tiene «una secuencia sistemática lineal, que sería el camino a seguir».

«Dependemos de los datos, miramos todo lo que está disponible y analizamos esos datos sobre la base de tres criterios clave, que incluyen las perspectivas de inflación, la inflación subyacente y la transmisión de la política monetaria», señaló. El organismo, aseguró, debe ser prudente.

La reforma del subsidio por desempleo, que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio, entra en vigor este 1 de noviembre con varias novedades como el incremento hasta en 90 euros al mes de esta prestación durante los seis primeros meses de percepción y la ampliación de los colectivos protegidos.

El subsidio por desempleo es una prestación asistencial o no contributiva que se percibe durante 30 meses en el caso de haber agotado la prestación contributiva por desempleo, no haber cotizado lo suficiente para poder acceder a la misma o tener más de 52 años, entre otros supuestos.

Actualmente, la cuantía del subsidio equivale al 80 % del indicador de rentas múltiples (IPREM), que en 2023 está fijado en 600 euros, por lo que el subsidio asciende a unos 480 euros.

El SEPE dedica unos 534 millones de euros de media al mes al pago del subsidio por desempleo, que perciben cerca de 756.897 personas, según el último dato de agosto, residentes mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Las nuevas cuantías de la ayuda

La reforma mejora la cuantía del subsidio, que ascenderá en los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más). A partir del séptimo mes y durante los seis meses siguientes, la cuantía bajará al 90 % del IPREM (540 euros), para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80 % como en la actualidad (480 euros). El subsidio para mayores de 52 años se mantiene en el 80 % del IPREM.

No obstante, el IPREM no se actualiza y se mantiene en los 600 euros mensuales en 14 pagas, una cuantía completamente insuficiente para los sindicatos, que piden una subida o que el subsidio se vincule a otro indicador.

Colectivos que se benefician

Se facilita el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.

Como novedad, se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados. También se permite compatibilizar los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del régimen general, al tiempo que se reduce a 10 el número de jornadas reales requeridas para acceder a los primeros (las llamadas peonadas).

Asimismo, se equiparan las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres.

¿Subsidio mientras se trabaja?

La reforma fija que se podrá percibir el subsidio mientras se trabaja por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o parcial, por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía, si bien esta posibilidad de compatibilizar subsidio con trabajo por cuenta ajena entrará en vigor en abril de 2025.

Este complemento de apoyo al empleo es decreciente en el tiempo y oscilará entre el 80 % del IPREM que percibirán durante el primer trimestre aquellos que trabajen a tiempo completo, hasta el 5 % del IPREM que recibirán a partir del quinto trimestre los que tengan un empleo inferior a la mitad de la jornada laboral.

Como novedad, se permite compatibilizar el trabajo con la prestación contributiva, también a partir de abril de 2025, una vez transcurrido el primer año del cobro de la prestación, siempre que el salario percibido no supere los 18.900 euros brutos anuales (1.350 euros en 14 pagas con el IPREM actual).

Este complemento de apoyo al empleo también es decreciente en el tiempo y oscilará entre el 80 % que cobrarán entre el décimo tercer y décimo quinto mes aquellos que tengan un empleo a tiempo completo, hasta el 15 % que percibirán entre el vigésimo segundo y vigésimo cuarto mes los que tengan un trabajo inferior a la mitad de la jornada.

El Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se comprometen a realizar un seguimiento y control del correcto funcionamiento de esta compatibilidad entre empleo y prestación.

Novedades en el trámite

Se mejora la accesibilidad al subsidio al suprimir el mes de espera para presentar la solicitud una vez agotada la prestación contributiva. El periodo de reconocimiento se reduce a un trimestre. La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo.

La reforma regula también la transición del cobro del subsidio al del ingreso mínimo vital (IMV) de forma que, aquellos que cumplan las condiciones para percibir esta renta mínima, puedan recibirla de forma directa y automática.

Esto será posible gracias a la puesta en marcha de una pasarela entre los servicios públicos de empleo (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se producirá el próximo 22 de noviembre.

¿Qué pasa con la declaración de la renta?

Las personas que cobren la prestación por desempleo tendrán que presentar cada año desde 2025 la declaración del IRPF, independientemente de que no se alcance el umbral de renta que obliga a hacer la declaración (22.000 euros con un solo pagador).

En caso de incumplimiento, el beneficiario del paro podría ver suspendido el cobro de esta prestación, que no está exenta de IRPF y se le aplica retención.