La medida estará vigente durante 12 meses, por lo que estará vigente en España y Portugal hasta el 31 de mayo de 2023. Se tratará de una transferencia directa a los productores de electricidad para compensarles el coste que les supone el combustible empleado para la obtención de electricidad. La fecha de aplicación del mecanismo será el próximo martes 14 de junio, y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio.
El precio inicial estará, tal y como ya avanzó la vicepresidenta Teresa Ribera, en 40 euros MWh. Sin embargo, el precio medio final será de 48,8 euros por MWh, ya que a partir del séptimo mes se irá aumentando el precio del gas empleado en la electricidad 5 euros al mes hasta completar el año que durará el mecanismo. Según ha explicado Iván Santos, de ‘Enerjoin’, la medida supondrá un ahorro de entre el 20 y 25% de la factura de un usuario doméstico. Por su parte, Teresa Ribera ha afirmado que supondrá un ahorro de energía de entre el 15 y 20%.
La Comisión Europea ha aprobado esta medida por el mecanismo de ayudas de Estado, cifrando la intervención de España para las arcas públicas en 6.300 millones de euros (más otros 2.100 millones para Portugal) después de que ya fuera aprobado en España el Real Decreto-Ley que lo establece y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados de mayo. La comisaria europeo de Competencia, Margrethe Vestager, ha celebrado que esta medida vaya a permitir a España y Portugal «bajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la electricidad debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia». «Al mismo tiempo -ha incidido- se preservará la integridad del Mercado Único».
La comisaria también ha destacado que esta ‘excepción’ «da tiempo a España y Portugal para promulgar reformas que aumentarán la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en línea con los objetivos del Green Deal». Tal y como indica el Ministerio de Transición Ecológica en el comunicado en el que hace pública la medida, «el mecanismo ibérico es una medida extraordinaria que se justifica por la escasa interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa, que supone una desventaja para su integración en el mercado europeo». «El acuerdo alcanzado con la Comisión -añade- incluye trabajar activamente para
revertir esta situación desfavorable».
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya había manifestado su confianza en que la medida llegara antes de la próxima semana. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se había mostrado partidaria de una reforma del mercado eléctrico europeo que evite que el elevado precio del gas marque el precio del kilovatio, al considerar que se trata de un sistema que no está adaptado a la «realidad de las renovables dominantes».
En el cierre de su debate con el Parlamento Europeo sobre la última cumbre comunitaria de la semana pasada en Bruselas, Von der Leyen apuntó que el gas, la fuente de energía más cara actualmente, «define todo el precio» en un sistema que «ya no funciona», ya que se diseñó «hace 20 años» cuando las fuentes renovables empezaban a entrar en el «mix».
«Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo, tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables dominantes. Esta es la tarea que tiene la Comisión ahora. No es trivial, es una reforma enorme. Nos llevará tiempo y tiene que estar bien pensado pero tenemos que dar un paso adelante para adaptar nuestro mercado de la electricidad a las condiciones modernas», añadía Von der Leyen.
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