Mes: enero 2022

La banca se ha comprometido con el Gobierno a revisar en un mes su estrategia para garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y a ofrecer nuevas soluciones para avanzar al máximo hacia ese objetivo. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido este jueves con representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España para abordar la importancia de garantizar la inclusión financiera, especialmente la de las personas de más edad, y la urgencia de adoptar más medidas al respecto.

Según ha detallado su ministerio en un comunicado, Calviño ha trasladado la inquietud del Gobierno en este sentido y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha. En el encuentro se ha acordado que en el plazo de un mes las patronales bancarias revisarán su ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’ aprobado en julio de 2021 y plantearán nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

Por parte de la banca han participado el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán; el director general de la CECA, José María Méndez, y la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, así como el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada. Han estado presentes también el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo.

Se ha acordado también que el Observatorio para la Inclusión Financiera haga un diagnóstico de la situación que, según la banca, ya ha sido objeto de diversas iniciativas. La CECA ha detallado en un comunicado que ya se han llevado a cabo iniciativas especialmente diseñadas para el «segmento senior», como la mejora del sistema de atención comercial, la ampliación de la cartera de productos y servicios, la adaptación de cajeros y canales digitales, y programas de educación financiera.

«Nuestro país presenta importantes retos demográficos y de brecha digital, que tienen un impacto en la provisión de servicios de todo tipo, sanitarios, educativos, culturales, y también bancarios. El colectivo de personas mayores se encuentra entre los potencialmente más afectados por estos desafíos», reconoce la CECA. Asegura que «el sector bancario es muy consciente de que las personas mayores conforman un colectivo que vertebra la sociedad, que realiza valiosas aportaciones al bienestar de su entorno familiar y social» y, por tanto, «va a seguir trabajando en mejorar la atención y el servicio que recibe».

Recuerda que, según un reciente estudio de Funcas, el proceso de digitalización financiera se ha acelerado especialmente entre la población de mayor edad desde el estallido de la pandemia, de forma que el porcentaje de clientes digitales mayores ha aumentado un 27,7 % y se han reducido las «brechas digitales financieras» que existen por edad. Entre las mejores prácticas del sector en la atención preferencial a personas mayores, CECA apunta a mecanismos de atención especializada dentro de las redes comerciales.

Cita también la oferta de productos y servicios específicos para el colectivo de personas mayores, como las libretas de ahorros, de cuyo mantenimiento disfrutan «muchos clientes, al comprobar su mejor aceptación como formato por parte de las personas mayores». Igualmente apunta a la adaptación de cajeros y aplicaciones, para simplificar y facilitar su uso, así como el desarrollo de programas de educación financiera, a los que en los últimos tres años las entidades asociadas a CECA han destinado más de 12 millones de euros.

Además, el sector recuerda que el sistema bancario español dispone de la segunda red de sucursales más extensa de la Unión Europea, únicamente por detrás de Francia, de forma que el porcentaje de población española residente en municipios que cuentan con al menos una oficina bancaria es del 97 %, sólo un punto porcentual menos que en 2008.

A ello se suma el impulso de las oficinas móviles («ofibuses»): En septiembre de 2021 había 23 ofibuses cubriendo cerca de 457.000 clientes y 600 municipios. Igualmente, se ha procedido a la ampliación de las redes de agentes financieros que, sin establecimiento permanente, atienden personalmente a los clientes. Para diversificar las fórmulas de provisión de efectivo, ha comenzado el despliegue de soluciones más innovadoras, como el cashback y el cash-in-shop (retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial).

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A la humanidad le quedan un minuto y 40 segundos para el fin del mundo. Al menos, de forma simbólica. El llamado ‘reloj del Apocalipsis’ lleva 75 años marcando el tiempo que nos falta para el fin de nuestra especie. Un comité de científicos evalua si estamos solucionando las amenazas que nos sitúan peligrosamente cerca del fin.

«¿Está la humanidad más segura o en riesgo grave este año?», ha destacado Rachel Bronson, directora de dicho comité. Este año, las manecillas no se han movido. Y ojo, que permanezca igual no es una buena noticia. Este reloj ‘maldito’ nació en 1947 para alertar de una posible guerra nuclear, y en aquel entonces nos situaba a siete minutos del fin.

Con la caída del muro de Berlín, menguaron las tensiones y, tras la firma del tratado de reducción de armas estratégicas en 1991, las manecillas llegaron a alejarse a 17 minutos. No obstante, desde 2007 la emergencia climática hace que el fin esté cada vez más cerca. «Las medidas no son suficientes para lograr la descarbonización de la economía mundial», ha criticado Raymond Pierrehumbert, catedrático de Física. No hay tiempo que perder.

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La cadena de supermercados Lidl ha ganado la partida -de momento- a Vorwerk, fabricante de ‘Thermomix’, y podrá seguir vendiendo su robot de cocina ‘Monsieur Cuisine’ en sus tiendas.

El supermercado alemán, que había sido condenado a retirar todos sus robots de cocina del mercado por violar los derechos de la patente de ‘Thermomix’, ha ganado el recurso interpuesto en la Audiencia de Barcelona, aunque Vorwerk todavía puede recurrir al Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha accedido laSexta, el tribunal llega a la conclusión de que no existe infracción porque el sistema de seguridad de los dos robots es diferente: mientras que en la Thermomix para intervenir en el vaso es necesario «detener previamente el funcionamiento del mecanismo agitador», en el caso del robot de Lidl «al desenclavar la tapa se desactiva el interruptor y deja de suministrar energía al mecanismo agitador».

«En el robot de cocina de Lidl la tapa se puede abrir sin necesidad de ninguna acción previa, es decir, sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador y es esa apertura o desenclavamiento de la tapa por medio de un pequeño giro sobre su eje la que determina la detención del mecanismo agitador, si bien no de forma inmediata», añade el escrito.

En la sentencia, lo magistrados también añaden que la patente en la que Vorwerk se fundamentaba para imputarle la infracción de sus derechos es nula por dos razones: la primera es por la existencia de «materia añadida» en el título concedido, es decir, por haber ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente. Y en segundo lugar porque la solicitud no dispone de actividad inventiva.

En cualquier caso, la Audiencia estima además que, hasta en el caso de que la patente no fuera válida, no existía infracción por parte de Lidl de la patente de Vorwerk.

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La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) advierte de que fumar en las terrazas las convierte en lugares inseguros tanto para los usuarios como para los trabajadores de la hostelería por el riesgo de contagio de COVID-19, ya que el virus puede esparcirse con el humo hasta a ocho metros de distancia.

La SEPAR alerta igualmente que existe evidencia científica sólida que demuestra una asociación peligrosa entre COVID-19 y tabaco, ya que la exposición a los tóxicos del tabaco se relaciona con presentaciones más graves y con un peor desenlace de esta enfermedad.

«La presencia de una historia de tabaquismo aumenta en un 79 % más las posibilidades de necesitar ingreso en UCI o de morirse y en un 96 % de desarrollar COVID-19 grave», según la SEPAR.

«El contagio del virus SARS CoV2 se produce por aerosoles al respirar siendo mayor al realizar actividades como fumar o vapear. En espacios de fumadores o vapeadores los coronavirus con diámetros de 0,1 micras pueden unirse a partículas del humo del tabaco más grandes, pudiendo estos aerosoles cargados de partículas víricas alcanzar distancias de 8 metros«, recalcan.

«Un excelente vehículo»

«Por tanto -resume la sociedad médica-, el humo exhalado del tabaco convencional y de dispositivos electrónicos representa un excelente vehículo para la transmisión de las partículas del virus entre personas».

Por otro lado, fumadores y no fumadores quedan en las terrazas durante más tiempo desprovistas de mascarillas, siendo el riesgo de transmisión mayor, concluye la SEPAR, que insiste en la necesidad «irrenunciable» de que la reforma de la Ley Antitabaco amplíe la prohibición de fumar a espacios públicos abiertos como las terrazas.

Además, la SEPAR también avisa en un comunicado remitido a los medios de comunicación, ante la próxima aprobación del Decreto sobre tabaquismo pasivo y terrazas, que igualmente se pueden originar otras enfermedades asociadas al tabaco que tienen los fumadores pasivos.

Terrazas libres de tabaco

Esta sociedad científica, que tiene su sede en Barcelona, ya remitió al Ministerio de Sanidad cinco medidas irrenunciables que deberían incluirse en la reforma de la Ley Antitabaco vigente, una de las cuales es que las terrazas queden libres del humo de tabaco y de los tóxicos liberados por los dispositivos electrónicos utilizados para vapear.

Además, la sociedad de neumólogos considera que «esta medida no debe aprobarse solo de forma circunstancial, para evitar los contagios de COVID-19 en las terrazas, sino de forma permanente, para que contribuya a evitar los contagios de esta y otras infecciones respiratorias».

Los neumólogos han recordado que el tabaco mata al año en España a 60.000 personas, de las cuales un porcentaje corresponde a la exposición al humo del tabaco en no fumadores, y que se calcula que, en Europa, como mínimo, 22.000 muertes al año son debidas al tabaquismo pasivo.

Según la sociedad de neumólogos, esta exposición en no fumadores conlleva un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la cardiopatía isquémica, neoplasias o exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas, especialmente en los trabajadores de la hostelería o población vulnerable como los niños o las mujeres embarazadas.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda para hacer frente a la situación de un mercado que imposibilita el acceso de los jóvenes a un derecho que, según el propio Gobierno, está llamado a convertirse en «el quinto pilar del Estado del bienestar».

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado hoy los tres textos aprobados por el Ejecutivo a falta de la Ley de Vivienda, que no ha podido recibir la luz verde por el retraso en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez ha asegurado que con la aprobación de estas medidas se «contribuye a resolver una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia», ya que la vivienda ha sido una materia «sometida en muchos periodos a un olvido injustificado».

Bono joven de alquiler

Una de sus medidas estrella ha sido la aprobación del nuevo Bono Joven de Alquiler para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos de entre 18 y 35 años a través de una ayuda económica que ascenderá a un máximo de 250 euros mensuales durante dos años.

El Gobierno ha aprobado un real decreto, que tendrá que pasar por la Conferencia Sectorial para decidir el reparto de fondos entre las comunidades autónomas. Posteriormente volverá al Consejo de Ministros para ser ratificado. Quedan por delante unas semanas de tramitación, aunque entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

La ayuda está destinada a los jóvenes de entre 18 y 35 años que encuentran dificultades para la emancipación. La principal característica que se debe tener en cuenta es que los beneficiarios deberán acreditar rentas de trabajo y estas no podrán ser superiores a los 23.725,8 euros al año, tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El alquiler deberá tener un precio máximo de 600 euros al mes, aunque las comunidades podrán ampliar este máximo hasta los 900 euros. La ayuda es individual, si hay dos jóvenes que cumplan los requisitos y tienen un régimen de alquiler compartido podrán acceder ambos a los 250 euros de bono. El requisito es que el precio del alquiler no supere los 300 por habitación, ampliable en otros supuestos a 450 euros.

Quienes reciban esta ayuda podrán hacerlo durante un plazo máximo de dos años, y durante ese periodo se aportará de manera mensual. En total, el Gobierno prevé destinar a este bono un total de 200 millones de euros del que se podrán beneficiar hasta 70.000 jóvenes.

Promoción del cohousing

El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 también promociona el cohousing (o covivienda, o vivienda colaborativa, si empleamos el español). Consiste en un modelo de comunidad en el que sus habitantes tienen un espacio privado para vivienda y comparten otros para recursos y servicios públicos, pero además participan de manera activa en el diseño y gestión de todo ese entorno.

Ayudas de rehabilitación y alquiler juvenil

El Plan Estatal de Vivienda también incorpora otras medidas. Por ejemplo, ayudas de rehabilitación de entornos residenciales y edificios, que se articulará mediante los fondos europeos que está recibiendo a España.

También se promueve la vivienda de alquiler y también la adquisición en municipios de hasta 10.000 habitantes, que se enfrentan al reto demográfico. Se establecen también ayudas directas en régimen cooperativo. También se reserva el 30% del plan de alquiler asequible para los jóvenes. Se destinarán 10.000 millones para vivienda social, ayuda a la población más frágil y rehabilitación, así como incrementar el parque público.

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Esta noche, a pocos minutos de las diez, ‘rozará’ la Tierra un asteroide de casi un kilómetro de diámetro: se trata del 7842, uno de los considerados potencialmente peligrosos.

«Produciría una devastación global, incluso podría acabar con la civilización», apunta Isabel Herreros, investigadora del Centro de Astrobiología.

Pero, tranquilidad, porque su cercanía a nuestro planeta será de dos millones de años luz. No supone, por tanto una amenaza, y son casi tres décadas las que la NASA lleva monitorizando este objeto espacial: en concreto, 28 años.

¿Cómo se vigilan? La NASA sigue la pista del 90% de los asteroides que son considerados potencialmente peligrosos. Pero, ¿qué hay del 10% de ellos que no se localizan? «En un momento determinado se les terminaría localizando», zanja la experta Herreros.

Es, por ejemplo, lo que sucedió en 2013 en Rusia, donde cayó un meteorito de 20 metros de diámetro, similar a un edificio de cinco plantas. Provocó un total de 571 personas heridas.

La NASA ha optado ahora por lanzar la llamada Operación DART: una misión ‘suicida’ en la que se intentará desviar a un asteroide que se encuentra a 11 millones de kilómetros de la tierra a través de una sonda que impactará contra su superficie. «Lo que queremos no es destruirlo, sino desviarlo», afirma Herreros, una de las participantes en el estudio, cuyos resultados se conocerán en septiembre de este año.

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Si no lo conocías, ve sumando otro anglicismo a tu vocabulario, pues parece que el cohousing (de ‘housing’, vivienda en inglés) va a quedarse como un modelo más de tenencia de vivienda que puede que te interese conocer. Y no, no es compartir piso. Ni tampoco ser propietario de una casa, sino algo intermedio.

El Consejo de Ministros trae este martes un importante paquete en materia de vivienda con la aprobación del Bono Joven de ayuda al alquiler y un Real Decreto con el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Lo que tendrá que esperar de momento es el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, tras la oposición del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo.

Pero entre todo ello, se prevé que haya un apartado que supone una novedad en el Plan Estatal, y son las ayudas al cohousing. Te explicamos de qué se trata.

En términos generales, el cohousing (o covivienda, o vivienda colaborativa, si empleamos el español), consiste en un modelo de comunidad en el que sus habitantes tienen un espacio privado para vivienda y comparten otros para recursos y servicios públicos, pero además participan de manera activa en el diseño y gestión de todo ese entorno. Esto último es muy importante porque es una gran diferencia con respecto a un complejo residencial al uso o a la promoción de vivienda pública habitual bajo el sistema de cooperativa.

«No solo es construir un edificio, sino formar una comunidad con gente más o menos afín», explica Rogelio Ruiz, arquitecto y miembro de Ecohousing. Se crea el alojamiento, pero también la dotación de servicios, y el residente participa en la creación del proyecto, no es un actor pasivo que simplemente pone dinero. De hecho, cuenta Ruiz, que participó en el proyecto de cohousing senior Trabensol en Torremocha del Jarama (Madrid), puede llevar años construir un proyecto. Por eso, quizá, porque requiere tiempo para definir el proyecto, los que más se han desarrollado hasta ahora son los de personas mayores.

Por eso y porque son los que tienen claro qué horizonte de vida tienen y qué no quieren: vivir en una residencia para la tercera edad, sufrir la soledad o no tener a mano unos recursos y una asistencia adecuada. Y así de claro lo tuvieron los 54 vecinos que iniciaron Trabensol, uno de los centros de mayores de este tipo pioneros en España. En esta miniciudad sus habitantes se autogestionan casi todo, explica Jaime Moreno, uno de sus residentes, tras once años «la experiencia es muy buena», resume.

Construcción sin ánimo de lucro

En España lo más usual es encontrar este modelo bajo un régimen de cooperativa sin ánimo de lucro, en el que cada socio pone una aportación económica como si adquiriese una vivienda, solo que no será de su propiedad, sino que tendrá derecho de uso. Si fallece o quiere irse, puede recuperar su inversión la perosna o sus herederos, aunque puede haber aportaciones mínimas que no se devuelvan, todo según esté fijado en los estatutos. Eso sí, venderá su participación al precio de compra actualizado con el IPC, ya que no se rigen por precios de mercado.

En los últimos años, con los problemas de vivienda, el cohousing se ha visto como una posible solución para conseguir un techo más barato, principalmente porque son viviendas que no están sujetas a especulación. «Quitas el beneficio del promotor», apunta Ruiz, pero «construir cuesta igual». Por eso es frecuente también que estos proyectos se den en pueblos o zonas de la España vaciada, donde el precio del suelo sea más barato.

O incluso gratis, por cesión del ayuntamiento. Es el caso de Cohabita Rivas, un proyecto de cohousing senior (para mayores) impulsado desde el municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid). El proyecto, para el que el Ayuntamiento ha cedido suelo público, se encuentra aún en fase de concurso público.

Este modelo empezó en Dinamarca en los años 70, y de alguna manera también en España, ya que fue en aquellos años cuando un grupo de amigos tuvo una idea de vida en común que se materializó en el año 2000 al finalizar la construcción del Residencial Santa Clara de Málaga. Son 76 apartamentos de unos 50 metros cuadrados y multitud de zonas en común que engloban, capilla, gimnasio, biblioteca, peluquería, comedor, huerto, piscina, zonas ajardinadas… Para entrar hay que cumplir unos requisitos, como tener 50 y 70 años, gozar de buena salud y hacer una aportación inicial de 66 mil euros.

Después Santa Clara han ido creciendo poquito a poquito más proyectos, y en estos momentos hay unos 13 funcionando y unos 65 en desarrollo, según Ecohousing, que los ha ido situando en el siguiente mapa que compartimos. Puedes hacer zoom y pulsar en los puntos para ampliar información.

¿Qué propone el Gobierno?

A falta de concretar este martes en Consejo de Ministros en qué queda finalmente, el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dan una idea de por dónde irán orientadas estas ayudas.

Este borrador no define el cohousing, sino que lo menciona junto a otras formas parecidas de gestión dentro de un programa de «fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares destinados al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal«. Admite cualquier forma jurídica y de titularidad pública o privada.

El documento inicial, aprobado en junio de 2021, también establece una limitación del precio del alquiler o de la cesión en uso y la ayuda sería de un máximo de 50.400 euros por vivienda, además de contemplar una serie de requisitos.

En el proyecto, el cohousing no se destina a un tipo de colectivo concreto, aunque el Gobierno ha comentado en alguna ocasión que con este modelo de tenencia está pensando en mayores o en los temporeros, trabajadores del campo que vienen a España a trabajar temporalmente.

A tenor de lo que hemos explicado hasta ahora, parece difícil encajar el colectivo de temporeros, normalmente con muy pocos recursos económicos: «Eso sería otro tipo de alojamiento», apunta Rogelio Ruiz, pero «no es un cohousing».

Para otro expertos preocupa que la falta de definición pueda llevar a crear infraviviendas, como apunta Sergio Nasarre, catedrático de derecho civil de la Universitat Rovira i Virgili y exdirector de su Cátedra UNESCO de Vivienda: «Hay que hacerlo muy bien, que no caigamos en una vulneración del derecho a la vivienda». Y pone como ejemplo el decreto que aprobó la Generalitat de Catalunya, que reguló los alojamientos con espacios públicos compartidos en diciembre de 2020. La norma contemplaba minipisos de un mínimo de 24 m2 privados más 12 m2 correspondientes a espacios compartidos: «Eso es claramente una infravivienda», apunta el catedrático.

Otra comunidad que quiere empezar a impulsar este modelo es el Gobierno vasco, que ha llevado una experiencia piloto de protección pública en régimen de cesión de uso en Donosti y prevé esta legislatura realizar otro proyecto similar en Bilbao, según fuentes del Gobierno. No obstante, se trataría de una cesión de uso sin más, pero no un cohousing puro con una comunidad organizada detrás.

El cohousing viene para quedarse, pero no hay que pensar que es la panacea que va a solucionar el problema de la vivienda. No obstante, para Rogelio Ruiz, es un camino: «Y a medio o largo plazo lo notaríamos, porque estas viviendas estarían fuera del mercado».

Por cierto, que el cohousing no debe confundirse con el coliving (del inglés ‘living’, vivir), otro concepto similar de recursos compartidos, pero más centrado en personas que necesitan un espacio de trabajo común, que no tiene una perspectiva de vida a largo plazo en esa vivienda y que pagan un alquiler al uso. De nuevo, otro anglicismo con el que cargar.

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Cumplir los siete días de cuarentena no significa no contagiar: si tenemos síntomas, hay que seguir aislados y lo ideal sería comprobarlo con un test antes de incorporarnos a la rutina y aún así siendo negativos, ser más estrictos que nunca.

Un nuevo estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón apunta a que entre los días séptimo y noveno podemos ser más contagiosos incluso que en los primeros de la infección.

Mientras que tras el primer y segundo día de tener síntomas por la variante Ómicron solo el 12,5% puede contagiar la enfermedad, entre el séptimo y el noveno día, puede hacerlo el 18,8%.

¿Podemos volver a ponernos en circulación tras siete días de aislamiento? Joan Caylá, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, asegura que «si hace más de un día que ya no tienes fiebre ni síntomas» sí podrías ponerte en circulación.

La clave para los epidemiólogos es esperar siete días y si entonces seguimos con síntomas, lo más seguro es alargar el confinamiento. «Si se tienen síntomas significa que aun continuamos con COVID con manifestaciones clínicas podemos contagiar y por tanto hay que seguir aislado», apunta Caylá.

Si tras esos siete días no tenemos síntomas, un test de antígenos también puede darnos la pista. Ante la duda, prudencia, distancia y mascarilla siempre puesta.

¿Debo recibir la dosis de refuerzo aunque tenga COVID?

No hay ningún inconveniente que impida a los contagiados recibir una dosis de refuerzo. Es más, las autoridades sanitarias lo aconsejan. En España, la Comisión de Salud Pública en la que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidía el pasado jueves extender a todos los mayores de 18 años la administración de una dosis de recuerdo de las vacunas anticovid.

Es decir, una tercera dosis para los que fueron inmunizados con Pfizer, Moderna o AstraZeneca y una segunda para los que habían recibido Janssen. Con carácter general, este refuerzo, reservado hasta entonces a los mayores de 40 años para los vacunados con Pfizer o Moderna, puede administrarse, en el caso de estas dos vacunas, una vez transcurridos cinco meses desde la segunda dosis.

¿Cuánto debo esperar antes de pedir que me vuelvan a vacunar?

La recomendación sanitaria es esperar al menos cuatro semanas tras el diagnóstico de la infección, una vez que la persona contagiada se encuentre completamente recuperada -tienen que haber transcurrido al menos tres días desde la desaparición de los síntomas, si los hubiera- y haya completado el correspondiente período de aislamiento.

A su vez, el aislamiento o cuarentena está fijado desde el pasado 29 diciembre en siete días -antes era de diez- desde el inicio de los síntomas o, en el caso de los asintomáticos, a partir de la toma de la muestra para el test que confirmó el diagnóstico (también deben cumplir una cuarentena de siete días los no vacunados que hayan tenido contacto estrecho con un positivo).

¿Cómo sé si mis síntomas son por COVID o por la vacuna?

Cuando un recién inmunizado con la dosis de refuerzo tiene dudas sobre si lo que nota son efectos secundarios de la vacuna o síntomas de haberse infectado de coronavirus, nada que no sea un test podrá despejar definitivamente la incertidumbre, pero hay señales, como la tos o la congestión nasal, que pueden hacer pensar en un posible contagio por coronavirus.

En España, los casos de COVID provocados por ómicron han ido creciendo a un ritmo elevado y a finales de diciembre ya superaban el 61 % de los contagios totales de coronavirus tras desbancar como variante dominante a la delta, que representaba ya menos del 38 %. Y entre los síntomas más habituales de la variante ómicron destacan la tos, la congestión y mucosidad nasal, la fatiga y el dolor de garganta.

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El precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se incrementará un 4,91% a partir de mañana, 18 de enero, hasta situarse en 17,75 euros, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta subida se debe al alto valor de las cotizaciones de la materia prima pese a haberse reducido casi un 9,4% respecto al bimestre anterior, a lo que se suma el incremento de los fletes (+35,2%) y la depreciación del euro frente al dólar (-2,8%).

Para compensar el incremento de precios, el Gobierno aprobó en octubre una mejora del bono social térmico con cargo a los presupuestos de 2021, con 100 millones de euros adicionales, hasta los a 202,5 millones.

En virtud de esta medida, la compensación para los consumidores vulnerables, que depende de la zona climática en que vivan, ha aumentado de un mínimo de 25 euros a 35 euros, el equivalente a unas dos bombonas, y de un máximo de 123 euros a 370 euros.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimensualmente el tercer martes del mes mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo a la metodología establecida por la normativa vigente.

La revisión bimensual del precio se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Actualmente, se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). Se trata de un combustible en retroceso: desde 2009 a 2018 el consumo total de GLP envasado ha descendido un 20%.

También se ha publicado en el BOE el nuevo precio máximo del gas licuado de petróleo (GLP) canalizado. A partir de mañana martes, bajará un 1,5% la factura para un cliente medio respecto a los precios en vigor, sumando así su segundo retroceso consecutivo.

Este descenso se debe a la caída mensual de la cotización internacional del propano (-4,71%) y, en menor medida, a la depreciación del euro frente al dólar (-0,97%), compensada en parte por la ligera subida de la cotización internacional del butano (+0,37%) y el incremento de los fletes (+6,45%), han señalado fuentes del Departamento que dirige Teresa Ribera.

La actividad de suministro de GLP por canalización consiste en el suministro de gas propano mediante una red de distribución alimentada desde un depósito donde se almacena el gas en forma líquida.

Esta modalidad permite un suministro al cliente de forma constante, con facturación mediante contador, sin necesidad de pedido previo, lo que convierte al GLP canalizado en una alternativa al suministro de gas natural en pequeñas poblaciones o núcleos urbanos alejados de la red de gas natural.

Esta actividad tampoco está liberalizada. Sus precios son regulados por la Dirección General de Política Energética y Minas. La tarifa está constituida por dos términos: el término asociado a los costes de comercialización, que se revisa anualmente en el mes de julio, y el término variable asociado al precio de la materia prima (butano y propano), que se actualiza mensualmente a partir de sus cotizaciones internacionales y de los fletes.

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Durante la pandemia, la medicina ha tenido que adaptarse para evitar la afluencia de personas en zonas potencialmente peligrosas para su salud. Cuando el COVID lo paralizó todo, el equipo médico de Juana Crespo tuvo una idea que permitiría que la paciente no tuviera que ir a hospitales, evitando así la posibilidad de coger el COVID intentando buscar un centro donde hacerse una ecografía.

Esa idea se materializó en una sonda vaginal con la que las mujeres pueden auto realizarse una ecografía, sin salir de casa. «No llevo yo el ecógrafo pero veo yo las imágenes», ha explicado la científica.

De una forma sencilla, las pacientes se autoexploran y la clínica monitoriza las imágenes. «En directo, que nosotros dirigimos, o en diferido: tenemos la imagen y vamos haciendo las medidas foliculares, pudiendo parar la imagen o la grabación en el momento que nos convenga para hacer la medición que consideremos en el sitio adecuado», ha indicado.

Un sistema innovador que facilita la conciliación y el acceso a los tratamientos de reproducción asistida. Una premisa de la que también han hecho bandera en la clínica del doctor García-Fauras, director científico del Instituto Marqués de barcelona, con un kit para autocongelar muestras de semen.

«Durante 2020, hubo más de 50 solicitudes y se congelaron más de 20 muestras que ya sirvieron para hacer tratamientos», ha indicado el doctor, que ha asegurado que las solicitudes no han dejado de aumentar en los últimos meses, debido a la seguridad y eficacia.

«La calidad de muestra de semen congelada por el propio paciente […] y sin tener que tener conocimientos de biología ni de medicina reproductiva […] la calidad de esta muestra de semen congelada y una vez descongelada era exactamente la misma», asegura.

Según la Sociedad Española de Fertilidad, justo antes de la pandemia, en 2019, se llevaron a cabo más de 180.000 tratamientos de fertilidad en España. Unas cifras que, según los expertos, podrían aumentar gracias a técnicas de telemedicina como estas, que reducen las barreras de tiempo y distancias.

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