José Luis ha trabajado en muchas cosas a lo largo de su vida, aunque él se siente panadero, la profesión que más años le ha empleado, y la misma en la que trabajó su padre hasta su jubilación. Él tiene cotizados 25 de sus 56 años, pero los últimos 12 los ha pasado casi al completo en el paro.
Salvo dos empleos muy breves -y precarios- y el subsidio de los 400 euros, no ha cotizado nada desde que la crisis de 2008 le expulsara del mercado laboral.
Tampoco alberga mucha esperanza de que su situación vaya a mejorar de aquí a sus 67 años, cuando pueda jubilarse.Y cuando llegue ese momento, aunque el subsidio cotiza, la pensión que le quedará será mínima, a no ser que salga adelante una de las medidas que se extraen del Pacto de Toledo aprobada en el Congreso. Esta contempla estudiar la posibilidad de elegir los mejores años para calcular la pensión, una propuesta que de momento el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha concretado si se incluirá en la reforma definitiva.
La pensión de una persona puede variar mucho en función de los años de cotización que se tomen en cuenta para su cálculo: si se cuentan los años de más cotización será más alta que si se toman los últimos años, que es como se hace en España.
Desde la reforma de 2013 se ha ido ampliando el número de años que se toman para calcular la pensión. Actualmente se escogen los últimos 23 años cotizados para calcular la pensión, hasta llegar a los 25 en 2022. En realidad, sería justo si la carrera profesional de una persona siguiese un desarrollo lógico: cuantos más años de experiencia, mejor salario; así, la pensión queda acorde con el nivel de vida más reciente.
Pero la vida real es otra, y contar los últimos años perjudica a miles de parados de larga duración, sobre todo a los mayores de 50 como es el caso de José Luis. La propuesta que incluye la reforma del Pacto de Toledo ha levantado esperanzas de que se apliquen los mejores años de cotización, según se desprende de la redacción de la quinta recomendación del acuerdo.
En ella, se explica que esta Comisión parlamentaria considera «importante evaluar» el impacto de la ampliación de la base de cotización a 25 años y tener en cuenta periodos de «desempleo y de precariedad» en la carrera del trabajador. En esa misma evaluación, dice la recomendación, debe contemplar también «la facultad de elección de los años más favorables» a la hora de determinar la base reguladora de la pensión.
El texto, además, especifica quiénes pueden ser los mayores beneficiarios de esta medida, personas que durante largos periodos de tiempo o a partir de una edad «hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización«.
Esta modificación beneficiaría también a las mujeres, que son mayoritariamente las que se aplican reducciones de jornada o excedencias voluntarias para cuidados familiares. En eso se fija también el texto del Pacto de Toledo, que pide contemplar en dicha evaluación «paliar las consecuencias negativas» para la brecha de género de esta ampliación a 25 años en curso.
Dos propuestas que van por caminos opuestos
La confusión se ha destapado cuando esta semana se desvelaba que el ministro José Luis Escrivá maneja un borrador en el que estudia aumentar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, según adelantó el domingo La Vanguardia. Esta medida no se contempla en el texto final de la recomendación 5 del Pacto de Toledo. Se incluyó en versiones anteriores la posibilidad de «futuras ampliaciones» y ha estado a debate hasta el último momento, pero finalmente se sacó. Por eso, esta información ha cabreado especialmente a los sindicatos, que aseguran que el ministerio no les ha planteado esta medida ni está en el debate social.
Desde Comisiones Obreras no han querido opinar sobre una medida «que no está sobre la mesa». Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de este sindicato, asegura que sí hay otros temas que están en debate, y sobre los que no se está desvelando nada porque el ministro ha pedido «discreción», pero esta ampliación a los 35 años, no se está debatiendo.
El ministro no quiso confirmar esta información, y desde el ministerio solo aclaran que las recomendaciones del pacto de Toledo «están debatiéndose con los agentes sociales». De salir adelante esta medida, que prácticamente tomaría toda la vida laboral de una persona, supondría incluir años con salarios y cotizaciones más bajas (si la edad de jubilación será de 67 años, coger los últimos 35 supone retroceder hasta la cotización a los 32 años), lo que perjudicará en general en el total de lo que recibirán los futuros pensionistas.
Quien sí se pronunció al respecto fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estimó que «elevar el plazo de cotización a 35 años sería aplicar recortes a las pensiones«.
La propuesta que sí quedó en el texto final es la de elegir los mejores años de la cotización, que ronda en el debate del Pacto de Toledo desde 2018, cuando todavía se encontraba el Partido Popular en el Gobierno. Esta posibilidad se planteaba en realidad como un incentivo solo para aquellos trabajadores que cotizaran hasta los 67 años. La titular de Empleo de entonces, Fátima Báñez, propuso esta medida como guiño social para motivar el acuerdo, y como excepción para las personas más damnificadas por la crisis económica.
¿Qué consecuencias tendrían estas medidas?
La ecuación es sencilla: si se eligiera tomar finalmente los mejores años de nuestra cotización, las pensiones aumentarían, lo que significa mayor gasto público. En cambio, si tomamos los últimos 35 años, el montante de la pensión será inferior y supondría menor gasto para la Seguridad Social.
Aunque se haya aprobado el acuerdo del Pacto de Toledo en el Congreso, todavía no hay nada decidido: las recomendaciones propuestas son poco concretas en general y la negociación de la reforma de las pensiones sigue su curso.
No obstante, si atendemos a uno de los principales objetivos de la reforma, que es superar el déficit financiero de la Seguridad Social «no más tarde de 2023», parece difícil que el resto de medidas que se aprueben vayan encaminadas a aumentar el gasto público. O, al menos, si se hacen, España lo va a tener más complicado para cumplir ese objetivo.
Sobre todo si lo poco que ya ha concretado el Pacto acordado, que es la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real, ya supone un aumento del gasto.
La solución que propone el Pacto de Toledo para corregir ese déficit en estos dos próximos años es separar las fuentes de financiación y que las cotizaciones de la Seguridad Social se destinen exclusivamente a las prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas se hagan a través de aportaciones del Estado (de los impuestos, principalmente). Es decir, cambia la caja de la que tomamos el dinero.
También se ha esbozado algún avance que asegura un aumento de la recaudación, como el progresivo retraso de la edad de jubilación, motivado además por incentivos que eviten las jubilaciones anticipadas. El ministerio quiere que la edad real de jubilación se acerque a la edad legal. La edad legal en 2021 será de 66 años para los que hayan cotizado menos de 37 años y 3 meses, y de 65 para los que superen esa cotización.
No obstante, todavía no se conoce lo suficiente como para asegurar que ese sistema sea sostenible de cara al futuro. Para José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y profesor de la Universidad Complutense, una primera valoración de las medidas del Pacto indican que «se queda muy corto», ya que no soluciona los problemas de sostenibilidad del medio y largo plazo.
El medio y largo plazo significa cubrir las pensiones de muchas más personas. Las proyecciones de población para España estiman un aumento importante de la población mayor. El 20% de la población actual es mayor de 65 años; en 2050 se calcula que estará entre un 32 y un 40%, según datos de Naciones Unidas.